En un nuevo capítulo judicial de la causa Vialidad, los fiscales argentinos Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron formalmente al Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso inmediato de más de 140 propiedades pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez.
La medida busca ejecutar la recuperación de activos tras la condena por defraudación a la administración pública, ante lo que el Ministerio Público describe como una maniobra deliberada para no pagar las sumas adeudadas al Estado.
El detalle de los bienes afectados
La solicitud de los fiscales es exhaustiva y abarca tanto bienes raíces como activos financieros, según explica un informe de TN:
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Inmuebles: Un total de 141 propiedades, de las cuales 13 pertenecen a sociedades de la familia Kirchner y 128 a firmas vinculadas a Lázaro Báez.
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Propiedad emblemática: Se incluye el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple actualmente su prisión domiciliaria.
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Vehículos: El pedido alcanza a 46 automotores.
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Dólares en efectivo: US$ 4.664.000 (caja de seguridad de Florencia Kirchner) y US$ 992.134 (cuenta en Banco Galicia).
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Pesos argentinos: Un remanente de $53.280,24.
“Ni un solo peso”: La dura crítica de la fiscalía
El documento, al que tuvo acceso TN, resalta la falta de voluntad de los condenados para cumplir con la sentencia que les exige devolver $684.990.350.139,86.
“Las personas condenadas todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”, señalaron Luciani y Mola.
Según la fiscalía, tanto Kirchner como Báez están “dilatando el recupero de activos”, lo que consideran una afrenta directa al principio de igualdad ante la ley y una prueba de su “total falta de arrepentimiento”.
El análisis del escenario
Para diversos analistas políticos y judiciales, esta resistencia a entregar los bienes refuerza la percepción de que la exmandataria desafía los marcos legales vigentes. Mientras la justicia intenta avanzar con la ejecución de la sentencia firme, la defensa continúa agotando instancias para frenar el traspaso de los activos al Estado nacional.
