El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez aprobará este martes en Consejo de Ministros el primer gran programa de regularización de inmigrantes en España en los últimos veinte años. La iniciativa, pactada a última hora con su socio de izquierda, Podemos, se articulará mediante un real decreto que abrirá una vía excepcional para obtener residencia legal a quienes ya vivían en el país antes del 31 de diciembre de 2025.
La nueva norma permitirá solicitar un permiso provisional de residencia a todos los extranjeros que acrediten una estancia continuada mínima de cinco meses. La prueba de arraigo no se limitará al empadronamiento: también se admitirán informes médicos, contratos de suministros, certificados de envío de dinero u otros documentos oficiales que demuestren presencia efectiva en territorio español. Quedarán excluidas las personas con antecedentes penales.
La simple admisión a trámite de la solicitud otorgará de inmediato una autorización provisional que permitirá trabajar legalmente, acceder al sistema público de salud y darse de alta en la Seguridad Social. Si la resolución final es favorable, el beneficiario recibirá un permiso de residencia por un año, prorrogable posteriormente por la vía ordinaria prevista en el reglamento de extranjería.
El decreto tendrá además un efecto inmediato sobre los expedientes abiertos: todos los procedimientos administrativos de expulsión en curso quedarán suspendidos mientras se tramitan las solicitudes de regularización.
Aunque el Ministerio del Interior no ha publicado una estimación oficial, Podemos calcula que algo más de medio millón de personas podrían acogerse al programa, mientras que el think tank Funcas eleva la cifra potencial hasta cerca de 600.000. El Ejecutivo justifica la medida como un instrumento para reducir una “bolsa de población sumergida” que ronda actualmente las 840.000 personas, frenar la explotación laboral y ampliar la base de cotizantes.
Los responsables del Gobierno citan como antecedente la regularización de 2005, que concedió 580.000 permisos de residencia y, según el Ejecutivo, contribuyó a dinamizar el empleo formal y el crecimiento económico.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió que el real decreto “refuerza un modelo de política migratoria basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, compatible —añadió— con la cohesión social y el crecimiento.
Al tramitarse como real decreto y no como real decreto-ley, la norma no necesitará convalidación parlamentaria, lo que permite al Ejecutivo poner en marcha la regularización de forma inmediata sin someterla a una votación en el Congreso.
