Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la mayor estructura criminal dedicada al tráfico de cocaína por vía marítima que operaba en el Atlántico y en los principales ríos del sur de España mediante el uso de embarcaciones de alta velocidad, conocidas como “narcolanchas”. La operación, desarrollada durante más de un año de investigación, se ha saldado con 105 personas detenidas, 49 registros simultáneos y la incautación de 10.400 kilos de droga.
La investigación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, permitió identificar una organización altamente jerarquizada y con capacidad para introducir grandes cargamentos de cocaína desde buques nodriza en alta mar hasta distintos puntos del archipiélago canario y del sur peninsular.
Las embarcaciones partían principalmente desde el río Guadalquivir y otros cauces de Cádiz, Huelva y Almería, así como desde Portugal y las costas marroquíes, para internarse en el Atlántico, donde realizaban el trasvase de la droga en plena noche. Las lanchas, capaces de superar los 40 nudos, utilizaban comunicaciones encriptadas, teléfonos satelitales y lenguaje codificado para eludir la vigilancia policial.
La estructura del grupo se extendía por Galicia, Portugal, Andalucía oriental y occidental, Ceuta y varias islas Canarias. En los registros, en los que participaron unidades especializadas como el GEO y el GOES, se intervinieron 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros en efectivo, dos hexacópteros, más de 150 teléfonos móviles y abundante material tecnológico y náutico valorado en 2,5 millones de euros.
Uno de los golpes más relevantes fue el asalto al principal centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar, desde donde se suministraban equipos de comunicación seguros y material de navegación a numerosas redes de narcotráfico de Andalucía.
Las pesquisas revelaron que la organización había llegado a crear auténticas plataformas flotantes en alta mar, donde los pilotos permanecían durante semanas realizando operaciones sucesivas, con cambios de tripulación sobre el agua y una logística propia de combustible, víveres y equipos de comunicación. Solo en combustible se documentó el uso de más de 100.000 litros.
La red contaba además con una amplia malla de vigilancia costera para detectar la presencia de medios marítimos y aéreos de las fuerzas de seguridad, y llegó incluso a pagar 12 millones de euros a la familia de un tripulante fallecido para garantizar su silencio.
La operación se desarrolló en dos fases. La primera, en junio del año pasado, permitió detener a 48 personas y decomisar cerca de 3.800 kilos de cocaína en Canarias. La segunda, culminada en noviembre, supuso 57 nuevos arrestos en el Campo de Gibraltar y la desarticulación definitiva del entramado.
Según los investigadores, esta organización fue responsable de la introducción en Europa de al menos 57.000 kilos de cocaína en el último año, con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias y conexiones directas con Colombia y Brasil. En paralelo, las autoridades portuguesas interceptaron 6.600 kilos a bordo de un semisumergible vinculado a la red.
La operación contó con la colaboración de la NCA británica, la DEA estadounidense, la DGSN marroquí, Europol, MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde, además del apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. La intervención fue cofinanciada con fondos europeos de Seguridad Interior, dentro de la estrategia comunitaria contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional.
