La justicia no es ciega en Brasil; parece tener una vista privilegiada para los negocios de familia. Lo que hasta hace poco se trataba como una serie de decisiones judiciales “en defensa de la democracia”, hoy se revela como un entramado donde los ceros en las cuentas bancarias pesan tanto como los artículos de la Constitución. El caso del Banco Master y la implicación directa de la esposa del juez Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, no es solo un conflicto de intereses: es un escándalo ético que debería hacer temblar los cimientos del Supremo Tribunal Federal (STF), según analistas.
El Banco Master está acusado de fraude masivo mediante créditos falsos, lo que provocó su colapso, la detención de su CEO y un fuerte impacto en la estabilidad financiera de Brasil.
La esposa, el contrato y los 129 millones
No estamos hablando de una pequeña asesoría. El estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes (donde también participan los hijos del magistrado) firmó un contrato con el Banco Master —propiedad de Daniel Vorcaro— que preveía el pago de 129 millones de reales (unos 25 millones de dólares) a lo largo de tres años.
La coincidencia: mientras el Banco Master era investigado por la Policía Federal en la Operação Compliance Zero (acusado de fraude financiera, emisión de títulos falsos y un agujero de miles de millones), la familia del juez que concentra el poder penal en el país recibía pagos mensuales de 3,6 millones de reales. ¿Qué compraba el Banco Master con semejante suma? ¿Asesoría jurídica o un seguro de vida institucional?
El escudo Magnitsky
Ante la presión, la defensa de Moraes ha recurrido a una narrativa polémica. Alega que sus reuniones con el Banco Central —donde se habría discutido la situación del Banco Master— trataron en realidad sobre la aplicación de la Ley Magnitsky.
La Ley Magnitsky es una norma estadounidense diseñada para castigar a violadores de derechos humanos y corruptos. Que un juez que ha sido él mismo señalado por estas leyes en el exterior (junto a su esposa) use esta normativa como excusa para justificar encuentros con autoridades monetarias es una burla a la inteligencia ciudadana, explican analistas. Es, en esencia, usar un lenguaje de “derechos humanos” para encubrir lo que parece un cabildeo de alto nivel para un banco bajo investigación.
El Círculo se cierra. La relación es circular y asfixiante:
El Banco Master es investigado por fraudes masivos.
La mujer de Moraes recibe un contrato multimillonario de ese mismo banco.
Moraes se reúne con el Banco Central mientras el banco enfrenta procesos regulatorios.
La coartada: “Estábamos hablando de sanciones internacionales”.
Conclusión: El fin de la imparcialidad
Si un juez de cualquier otra instancia fuera descubierto con un familiar directo recibiendo 129 millones de una entidad bajo sospecha criminal que él puede juzgar, estaría fuera de su cargo en 24 horas. En el STF, parece que el apellido Moraes otorga inmunidad diplomática frente a la ética.
Brasil no puede permitirse una justicia que se venda al mejor postor o que se use para proteger los intereses financieros de los “amigos de la corte”. La sombra sobre Alexandre de Moraes ya no es solo por sus decisiones autoritarias, sino por el inconfundible olor a privilegio familiar que emana de su despacho.
