
Una Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil concluyó el primer día del juicio que podría condenar a seis acusados del segundo grupo del intento de golpe de Estado ocurrido durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. Pero se debe aclarar que no es el pleno del Supremo Tribunal el que juzga, sino que es la Primera Sala del Tribunal, conformada por tres magistrados designados por el presidente Lula da Silva y un relator – Alexandre de Moraes– conocido por su duro enfrentamiento con Jair Bolsonaro.
El juicio se lleva a cabo presencialmente ante la Primera Sala del Tribunal. Esta sala está integrada por los jueces Alexandre de Moraes, relator de la causa penal, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia a quienes se les conoce como los “jueces de Lula”, por su cercanía ideológica con el mandatario brasileño y esto provoca críticas por lo que analistas consideran que hay una grave situación de falta de independencia.

La causa penal involucra a Filipe Martins, exasesor en Asuntos Internacionales del expresidente Jair Bolsonaro; Marcelo Câmara, exasesor de Bolsonaro; Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras (PRF); Mário Fernandes, general retirado del Ejército; Marília de Alencar, ex directora de Inteligencia del Ministerio de Justicia; y Fernando de Sousa Oliveira, exdirector de Operaciones del Ministerio de Justicia.
A los acusados se les imputan los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños violentos agravados y amenaza grave, y deterioro del patrimonio inmueble.
Sesión
Por la mañana, el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, abogó por la condena de todos los acusados. Posteriormente, los abogados defensores de Filipe Martins y Fernando de Sousa Oliveira presentaron sus argumentos.
Por la tarde, la defensa del coronel del Ejército Marcelo Câmara, ex asesor de Jair Bolsonaro, negó que el militar haya monitoreado ilegalmente al ministro Alexandre de Moraes.
El abogado de Marília de Alencar, exdirectora de Inteligencia del Ministerio de Justicia, solicitó su absolución por participar en la conspiración golpista. Delegada de la Policía Federal, fue responsable de recopilar los datos que sirvieron de base para los bloqueos de carreteras de la Policía Federal de Carreteras (PRF), diseñados para obstaculizar el movimiento de votantes del noreste durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022.
La defensa del general del Ejército Mário Fernandes negó que el militar haya demostrado alguna intención concreta de matar a las autoridades.
Durante el gobierno de Bolsonaro, el general ocupó el cargo de secretario ejecutivo de la secretaría general de la Presidencia de la República y fue responsable, según la Policía Federal (PF), de crear el archivo Word titulado “Puñal Verde y Amarillo”, con planes “destinados al secuestro o asesinato” del ministro Alexandre de Moraes, del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del vicepresidente Geraldo Alckmin.
Por último, la defensa de Silvinei Vasques, ex director de la Policía Federal de Carreteras (PRF), negó que su cliente haya actuado para bloquear el movimiento de votantes del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones de 2022.
Otros centros
Hasta la fecha, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha condenado a 24 acusados por la conspiración golpista. Los condenados pertenecen a los grupos 1, liderado por el expresidente Jair Bolsonaro, y a los grupos 3 y 4.
El Grupo 5 está integrado por el acusado Paulo Figueiredo, nieto del expresidente de la dictadura, João Figueiredo. Reside en Estados Unidos y aún no se ha fijado fecha para su juicio.












