España se retira del festival de Eurovisión 2026 porque no pudo impedir que participe Israel en el certamen

Según opinan analistas, el gobierno del PSOE no tiene la misma imposición con el régimen de Nicolás Maduro y ahora le complica la vida a los miles de venezolanos que se radicaron legalmente en España, huyendo del chavismo

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El palacio de la Moncloa. Sede del gobierno de España.

Siguiendo órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez,  España se retira del festival de Eurovisión luego de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en su Asamblea General de este jueves, lo que implica que Israel podrá participar en la edición de 2026. Además de la delegación española, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda también han anunciado su salida del festival.

España, junto a otros siete países, había solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, pero la presidencia de la UER ha denegado una votación específica sobre la participación de Israel. “Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo”, según un comunicado de la corporación.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha afirmado en un mensaje en X que “lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado”.

RTVE envió una carta en mayo a la UER en la que solicitaba la apertura de un debate sobre la participación de Israel en el festival y en septiembre elevó el órdago amenazando de manera directa con la retirada.

Doble rasero del Gobierno de Pedro Sánchez

Según opinan analistas, el gobierno del PSOE no tiene la misma imposición con el régimen de Nicolás Maduro y ahora le complica la vida a los miles de venezolanos que se radicaron legalmente en España, huyendo del chavismo.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido negar el canje de carnets de conducir a más de 222.000 venezolanos con residencia legal en España, una medida que no solo es injusta, sino profundamente hipócrita. Mientras el Ejecutivo se llena la boca hablando de “acogida” y “derechos humanos”, en la práctica condena a miles de exiliados a la precariedad y la exclusión social.

La excusa oficial es que el régimen de Maduro incumple los plazos para verificar la autenticidad de los permisos. ¿Y quién paga el precio? No lo paga Maduro, ni sus jerarcas, ni los que se benefician del saqueo en Caracas. Lo pagan las víctimas: familias que huyeron del hambre, la represión y la corrupción, buscando en España una oportunidad para reconstruir sus vidas.

Zapatero, la sombra incómoda

Lo más indignante es la sospecha que rodea esta decisión. Se dice que Sánchez actuó siguiendo el consejo de José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que hoy es señalado como aliado y asesor del chavismo. ¿Cómo puede un Gobierno que presume de defender la democracia escuchar a quien legitima a una dictadura acusada de crímenes de lesa humanidad?, se preguntan expertos.