La Corte Penal Internacional y el caso Venezuela: ¿Justicia diferida o justicia negada?. La demora inexplicable en resolver lo que ya está claro (Videos)

Analistas y expertos internacionales de temas jurídicos explican que la CPI, ya tiene pruebas más que suficientes para acusar al régimen de Venezuela de delitos de lesa humanidad, pero inexplicablemente no actúa, denunciaron

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Foto: icc-cpi.int

La Corte Penal Internacional (CPI) fue concebida como un baluarte contra la impunidad en los crímenes más atroces: genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Sin embargo, cuando se analiza su actuación en el caso venezolano, la pregunta inevitable es si la justicia internacional está cumpliendo su promesa o si se ha convertido en un laberinto burocrático que prolonga el sufrimiento de las víctimas.

Este viernes, Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública de la Corte Penal Internacional CPI, reiteró que la investigación sobre los hechos cometidos en Venezuela desde 2014 “sigue avanzando” y que la Fiscalía continúa recabando pruebas conforme al Estatuto de Roma. También subrayó que la confidencialidad es esencial para proteger la integridad del proceso. En teoría, esto suena razonable; en la práctica, luce como una excusa para justificar años de inacción visible.

La realidad es que, tras más de una década de denuncias documentadas por organismos internacionales y ONG, la CPI no ha emitido una sola orden de arresto contra los responsables del régimen de Nicolás Maduro. Mientras tanto, la represión, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura siguen siendo parte del paisaje venezolano. ¿Cómo explicar que en pocos días la Corte haya avanzado en casos como el de Benjamin Netanyahu, mientras el expediente venezolano permanece estancado?

Analistas y expertos internacionales de temas jurídicos explican que la CPI, ya tiene pruebas más que suficientes para acusar al régimen de Venezuela de delitos de lesa humanidad, pero inexplicablemente no actúa, denunciaron.

El fiscal Karim Khan y el descrédito internacional

El descrédito se profundizó cuando se reveló que Karim Khan, anterior fiscal, fue apartado por conflicto de intereses: su cuñada representaba legalmente al régimen chavista como abogada defensora. Este episodio no solo expuso vulnerabilidades éticas, sino que alimentó la percepción de que la CPI no es inmune a presiones políticas.

La confidencialidad, aunque necesaria, no puede ser sinónimo de opacidad. Las víctimas merecen señales claras de que la justicia internacional no es un espejismo. Cada día que pasa sin resultados concretos erosiona la credibilidad de la Corte y fortalece la narrativa de impunidad que protege a los perpetradores.

En definitiva, la CPI enfrenta una disyuntiva: demostrar que su mandato es más que una declaración solemne o aceptar que, en casos donde los intereses geopolíticos pesan más que los derechos humanos, la justicia se convierte en una promesa vacía. Venezuela no puede esperar eternamente. Porque cuando la justicia se demora, se niega.

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