El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 de Argentina concluyó este jueves (27) con la lectura de los dos primeros requerimientos de elevación a juicio en la denominada causa “Cuadernos”, formulados por el fiscal federal Carlos Stornelli, ante el fallecido juez Claudio Bonadío. Además, se comenzó con la lectura de la tercera pieza acusatoria. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, entre 2003 y 2015, existió una asociación ilícita, que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, y que estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (72), y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos ex choferes, que montaron un sistema recaudatorio con empresas constructoras, de energía y transporte, a quienes, en contraprestación, se les adjudicaban contratos estatales.
Así, en la audiencia de hoy ante el TOF 7 -integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, y por su colega Néstor Costabel, como cuarto juez para integrar el tribunal, se concluyó con la lectura de la primera pieza procesal y se leyeron las imputaciones, de acuerdo con cada caso, por cohecho pasivo y activo, admisión y presentación de dádivas, plasmadas en el segundo requerimiento formulado por Stornelli, junto a los descargos de las personas acusadas, la valoración probatoria y la calificación legal.
Se leyeron los restantes fragmentos sobre la valoración probatoria respecto de seis empresarios, la expresidenta, diez funcionarios y un chofer. Así, en el apartado sobre Fernández de Kirchner se señaló que los “actos delictuales propuestos por la organización criminal resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación” de los cuales ella fue la “principal receptora”. Asimismo, se indicó que “el sistema era perfecto, las dos partes obtenían beneficios. Los empresarios para las compañías que representaban y estaban pujando por negocios públicos –sea obras viales, subsidios, etc.- y, los funcionarios públicos -siendo ella la máxima referente-, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la operatoria lo cual le permitió recaudar la mayor cantidad de dinero posible mientras ella y su esposo estuvieron al frente del Poder Ejecutivo de la Nación”.
Posteriormente, se abordó la calificación jurídica de las conductas endilgadas en el primer tramo de la Causa “Cuadernos”.
La imputación a la expresidenta y a sus cómplices
Luego, se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio correspondiente al segundo tramo de la causa “Cuadernos”, en el que se les imputó a Cristina Fernández de Kirchner; Baratta; y al exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Fabián García Ramón (48), la comisión del delito de cohecho pasivo.
Además, están acusados por cohecho activo Gerardo Luis Ferreyra (75), Osvaldo Atenor Acosta (75) y Jorge Guillermo Neira (74) -exvicepresidente, accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.-; Mario José Maxit (49) -director comercial de Isolux Ingeniería S.A.- y César Arturo De Goycoechea (55) -director de Isolux Corsán Argentina S.A.-.
En el apartado sobre Cristina Fernández de Kirchner se señaló que los “actos delictuales propuestos por la organización criminal resultaron ser sobornos garantizados por los empresarios a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación” de los cuales ella fue la “principal receptora”.
Luego se leyó la imputación por admisión de dádivas al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); Baratta; su exsecretario privado, Nelson Lazarte (47); al exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); al chofer de éste, Hernán Diego Del Río (48); y, por presentación de dádivas, a Alberto Ángel Padoán (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-.
También, se enunciaron los fragmentos del requerimiento titulados “Los cuadernos” -que compendia las anotaciones efectuadas por el chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70) y que resultan de interés para este tramo de la causa-.
Tras un cuarto intermedio, la audiencia se reanudó pasado el mediodía, con la lectura de los descargos de las personas acusadas, la valoración probatoria y la calificación legal de esa causa.
La tercera parte de la causa
Cerca de las 14, se comenzó con la lectura del requerimiento correspondiente al tercer tramo de la investigación por el cobro de dinero para la adjudicación de obras públicas, en la que están imputados, por cohecho pasivo, los funcionarios Baratta y Lazarte; por cohecho activo, Hugo Alberto Dragonetti (76) -presidente de Panedile Argentina S.A.-, Jorge Juan Mauricio Balán (68) -presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.- y Jorge Alberto Tasselli (79) -presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.-. También se le imputó a Baratta el delito de admisión de dádivas.
Luego, se comenzó a leer el acápite sobre las anotaciones de Centeno relativas a esta parte de la causa.
El TOF N°7 dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes 2 de diciembre a las 13.30, cuando se concluirá con la lectura de las anotaciones del exchofer de Baratta de esta parte de la investigación; los descargos de los funcionarios y empresarios acusados; la valoración probatoria y la calificación legal contenida en el tercer requerimiento de elevación a juicio.
Los casos juzgados
La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.
Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
