El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°7 continuó este martes con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Carlos Stornelli, en el primer tramo de la causa “Cuadernos”, en la que se investiga la existencia de una asociación ilícita, que funcionó entre 2003 y 2015, en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación, para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de adjudicarles contratos estatales, y que, según la acusación, estaba liderada por la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (72), y organizada e integrada -según el caso- por otros 19 exfuncionarios, 64 empresarios y dos exchoferes.
Así, en la audiencia ante el TOF N°7 -integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli- se leyeron los aportes efectuados, como imputados colaboradores, por el dueño de la financiera Inverness S.A., Ernesto Clarens (74), y por el fallecido secretario privado de los Kirchner, Víctor Fabián Gutiérrez y parte de la valoración probatoria efectuada por Stornelli, en el requerimiento de elevación a juicio correspondiente al primer tramo de la investigación.
La cuarta jornada de debate
La audiencia de este martes (25) comenzó a las 13.48, y se leyeron los aportes brindados por el financista Clarens y por el exsecretario presidencial Gutiérrez, quien fue asesinado en julio de 2020, en una de sus propiedades de la localidad santacruceña de El Calafate.
En su declaración, Clarens dio precisiones sobre la creación, en 1988, de la financiera Inverness S.A. y su funcionamiento hasta 2006, cuando la vendió a supuestos representantes de Lázaro Báez. También se refirió a su nexo con el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) -entre 2004 y 2012- y presidente del directorio de la empresa constructora ESUCO-, Carlos Guillermo Enrique Wagner (82) y las maniobras y cobros a empresas que conformaban la Cámara Argentina de Empresas Viales, que se investigaron en la causa denominada “La Camarita”.
“Justificar los sobornos en una actitud coactiva de mi parte es absolutamente inconsecuente con la cartelización previa con la conformación misma de la camarita”, señaló Clarens en su declaración como imputado colaborador.
Asimismo, negó haber manejado dinero de los Kirchner o del secretario Daniel Muñoz; ser su asesor financiero u ocuparse del movimiento de los fondos en el exterior; o haber sido intermediario en el cobro de sobornos provenientes de la obra pública.
“Llevaba dinero a Cristina y Néstor Kirchner o sus secretarios”, confesó Clarens. No era una frase lanzada al aire: era la llave que abría la puerta a un sistema aceitado durante años. Según su declaración, cada semana podían mover hasta 300.000 dólares. El mecanismo era simple y brutal: las empresas pagaban un porcentaje —el famoso 10%— para asegurarse contratos millonarios. Clarens recibía los pesos, los cambiaba por dólares, a veces por euros de 500 para que ocupen menos espacio, y los entregaba a Daniel Muñoz, el secretario presidencial que se convirtió en el hombre de los bolsos.
Los destinos eran siempre los mismos: el Hotel Panamericano, la Residencia de Olivos, el departamento porteño de la familia Kirchner. A veces, la ruta terminaba en El Calafate, donde el dinero descansaba lejos de las miradas indiscretas. Todo esto ocurría mientras el país discutía presupuestos, licitaciones y obras que, en realidad, eran el telón de fondo de una maquinaria de recaudación.
Por su parte, Gutiérrez relató sus labores como secretario de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y que pudo observar que el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime -ambos coimputados en este juicio- “iban a verlo a Néstor. José López con más frecuencia y llevando bolsos. Respecto de Jaime era frecuente verlo con una mochila, siempre usaba mochila”, indicó.
También refirió que acompañó al matrimonio Kirchner en vuelos al sur, en los cuales señaló que Muñoz “la mayor parte de los viajes, llevaba valijas con candado, era el único que las tocaba y se ubicaba con las mismas en la parte trasera del avión” las cuales, presumía, que contendrían dinero. Además, se refirió a supuestos espacios, en las viviendas de los Kirchner en Río Gallegos y El Calafate, donde se almacenaría el dinero.
Finalmente agregó que “De Vido odiaba a Cristina, porque en una oportunidad Néstor Kirchner lo quiso postular como gobernador de Santa Cruz y ella lo bajó a favor de Sergio Acevedo”, concluyó.
Luego, se comenzó a leer la valoración probatoria del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadio, y que corresponde al primer tramo de la investigación sobre la recepción y entrega de dinero asentados por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) en sus cuadernos.
En esa ocasión, el representante del MPF consideró que “los representantes estatales fundaron una sociedad paraestatal para obtener beneficios personales de carácter económico. Específicamente para enriquecerse a título personal aunque, también, para destinar parte del dinero recaudado a la comisión de otros planes delictuales” y que “los empresarios, por su parte, para obtener favores con relación a las empresas que representaban. Entre ellos, y a modo de ejemplo, adjudicaciones de licitaciones, otorgamientos de obras públicas, el pago de facturas emitidas, desembolsos a medida que los proyectos avanzaban, y otorgamiento de subsidios”.
A las 17.55, el TOF dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9, cuando se reanudará el debate con la lectura de los restantes fragmentos de la valoración probatoria y la calificación jurídica del primer tramo, y se comenzará a leer el segundo requerimiento de elevación a juicio correspondiente al segundo tramo de la causa, en la que están imputados Fernández de Kirchner (72); el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52); el exsecretario privado de Baratta, Nelson Lazarte (47); el exsecretario privado de De Vido, José María Olazagasti (50); su exchofer, Hernán Diego Del Río (48); y el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48). También, en ese tramo están imputados Gerardo Luis Ferreyra (75), Osvaldo Atenor Acosta (75) y Jorge Guillermo Neira (74) -exvicepresidente, accionista mayoritario y director, respectivamente, de Electroingeniería S.A.-; César Arturo De Goycoechea (55) y Mario José Maxit (49) -director y director comercial, respectivamente, de Isolux Corsán Argentina S.A.-; y Alberto Ángel Padoán (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-.
Los casos juzgados
La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales -denominada “La Camarita”.
Así, se determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La organización funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, y “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio.
El juicio comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura de las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas atribuidas a los principales funcionarios acusados entre ellos, a la expresidenta Fernández de Kirchner; y continuó el 13 de noviembre, también con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio. En esa jornada, se leyeron las imputaciones por cohecho activo contra 24 empresarios imputados en el primer tramo de la causa; el acápite titulado “Los cuadernos”, en el que se consignaron las anotaciones efectuadas por el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) -consideradas de interés por el fiscal Stornelli y agrupadas según la empresa o persona a las que hacen referencia-; y los descargos efectuados por el chofer, 8 empresarios y 3 funcionarios.
