
No se le puede seguir dando dinero (ni a ese ni a otros gobiernos autonómicos que así se comportaran) mientras mantengan Embajadas en el exterior, televisiones autonómicas… y todo tipo de políticas para la constitución de su Estado propio a la vez que se cierran centros de salud, aulas escolares, quirófanos o servicios sociales. El dinero tiene que ser condicionado: lo primero los ciudadanos. Si quien ostenta la competencia no lo hace, el Estado deberá hacerlo directamente.
La valoración de Rosa Díez va acompañada de un artículo del diario El Mundo, donde se destaca que la Generalitat acumula cuatro meses de impago a las escuelas concertadas. La deuda acumulada alcanza los 36 millones y deja a los centros al límite. Señala también que los fondos están destinados a los gastos de funcionamiento como agua o luz, según se explica en el artículo periodístico.









