El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Argentina dispuso el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del empresario Lázaro Báez y de otros condenados en la Causa Vialidad, tras quedar firme la sentencia por corrupción en la obra pública. La medida alcanza también a los hijos de la condenada, Máximo y Florencia Kirchner.
Monto y alcance del decomiso
La resolución judicial establece la ejecución de bienes por un valor actualizado de $684.990.350.139,86, cifra que equivale a casi $685 mil millones. Este monto surge de la actualización del decomiso original, fijado en 2022 en $84.835 millones, luego de la intervención de peritos contables y del Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. El objetivo es satisfacer la pena impuesta y recuperar activos provenientes de delitos contra la administración pública.
Bienes afectados
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- Cristina Kirchner perderá 20 propiedades, entre ellas un inmueble a su nombre y otros 19 heredados por sus hijos.
- Lázaro Báez verá ejecutadas más de 80 propiedades, además de activos de sus empresas Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A., Gotti Hnos. S.A. y Loscalzo y Del Curto S.R.L.
- También se prevé la realización de bienes de otros condenados como José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich, si los activos iniciales no alcanzan para cubrir el monto.
Limitarán las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria, tras que la rea provocara al tribunal con una reunión masiva no autorizada
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF) ha informado que tras el abuso del régimen de visitas a la reclusa en su lujoso apartamento en Buenos Aires en la calle San José 1111, tras la visita de 9 economistas a la rea que se suma a la enorme cantidad de visitantes que recibe a diario.
- Límite en la cantidad de visitantes: estarán restringidas a un máximo de tres o cuatro personas por vez.
- Reducción en la frecuencia de visitas: se estableció un máximo de una o dos visitas por semana.
En tanto, los magistrados emitirán un percibimiento por incumplimiento (una advertencia formal) por infringir la orden sobre las visitas. Según informaron fuentes judiciales a TN, para el Tribunal se trató de “una provocación”, ya que nunca se autorizó la reunión grupal.
