El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las instancias de la administración pública federal, estatal y municipal. La normativa, publicada en el Diario Oficial, forma parte de la Política Nacional de Lenguaje Claro, cuyo objetivo es garantizar comunicaciones oficiales más simples y comprensibles para la ciudadanía.
La ley establece que los órganos del Estado deberán seguir estrictamente las reglas gramaticales del portugués, evitando “nuevas formas de flexión de género y número” que se aparten del estándar oficial, como el uso de expresiones “todes” en lugar de “todos” o “todas”, o pronombres como “elu” en vez de “ele” o “ela”. Estas variantes son características del lenguaje inclusivo, utilizado por sectores que buscan reconocer identidades no binarias y agénero.
Además de la prohibición, la normativa fija criterios para la comunicación pública: oraciones cortas y directas, palabras comunes, evitar extranjerismos y tecnicismos innecesarios, así como organizar la información de manera clara y accesible. El gobierno argumenta que estas medidas buscan reducir costos administrativos, promover la transparencia y facilitar la participación ciudadana.
La decisión ha generado debate político y social. Mientras algunos sectores defienden la medida como una forma de preservar la norma culta del portugués, otros la critican por considerarla un retroceso en materia de inclusión y diversidad lingüística. El tema sigue siendo objeto de discusión en Brasil, donde el lenguaje inclusivo había ganado espacio en ceremonias oficiales y medios públicos durante los últimos años. [elpais.com.uy], [elperiodista.cl], [bardeo.news]
