Brasilia, 8 de noviembre de 2025 — Este viernes, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ratificó la condena a 27 años de prisión contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado en enero de 2023. La decisión también confirmó las penas impuestas a seis de sus aliados, entre ellos exministros y militares de alto rango.
La resolución fue adoptada por la Primera Sala del STF, compuesta por cuatro magistrados, tres de los cuales fueron designados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva o por su entorno político: Cristiano Zanin, Flávio Dino y Cármen Lúcia elegida por Dilma Rousseff, aliada política de Lula. Esta composición ha reavivado el debate sobre la independencia judicial en Brasil.
Jueces con vínculos políticos
- Cristiano Zanin fue abogado personal de Lula durante los procesos de la operación Lava Jato. Su nombramiento al STF en 2023 generó controversia por su cercanía con el actual presidente.
- Flávio Dino, exministro de Justicia en el actual gobierno, también fue nominado por Lula. Su trayectoria como aliado del Partido de los Trabajadores lo vincula directamente con el Ejecutivo.
- Cármen Lúcia fue nombrada al STF en 2006 por la entonces presidenta Dilma Rousseff, aliada política de Lula y miembro del mismo partido. Aunque no fue designada directamente por Lula, su nombramiento se enmarca en el mismo proyecto político.
- Luiz Fux no votó. El mes pasado, el ministro pasó a la Segunda Sala del Tribunal tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro.
Una sala clave para la condena
Cabe destacar que el juicio no fue llevado por el pleno del STF (compuesto por 11 jueces), sino por la Primera Sala, lo que permitió que los magistrados vinculados a Lula formaran mayoría. Esta estructura fue modificada en 2023 por el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como una maniobra para facilitar condenas en casos sensibles.
A partir de ahora, le corresponderá a Alexandre de Moraes decidir cuándo se detendrá a Bolsonaro y a los demás acusados.
La medida deberá aplicarse una vez que el ministro declare la causa penal firme e inapelable, lo que implica la finalización del proceso y la imposibilidad de apelación. No existe un plazo límite para la decisión. Bolsonaro y los demás acusados no tienen derecho a una nueva apelación para que el caso sea llevado ante el pleno del tribunal. Sin embargo, la defensa puede insistir en intentar presentarla.
¿Independencia judicial en riesgo?
La participación de jueces con vínculos personales y políticos con Lula en un juicio contra su principal adversario ha levantado sospechas sobre la imparcialidad del proceso. Aunque la Constitución brasileña permite al presidente nominar jueces al STF, la acumulación de nombramientos en un caso de alto perfil político plantea dudas sobre la separación de poderes.
Además, el contexto internacional añade presión: Estados Unidos ha sancionado previamente al juez Alexandre de Moraes acusado de violaciones a derechos humanos, y se especula con posibles sanciones futuras contra otros magistrados bajo la Ley Magnitsky.
Lula dijo estar feliz de nombrar a su amigo Flávio Dino como “el primer juez comunista en el STF” (Video)
Lula manifestó públicamente que el ministro Flávio Dino es su amigo y dijo esta feliz de poder “colocar a un ministro comunista” en el Supremo Tribunal Federal (STF).
“No saben lo feliz que estoy hoy. Por primera vez en la historia de este país conseguimos colocar en el Tribunal Supremo de este país a un ministro comunista, un compañero de la calidad de Flávio Dino”, dijo enfervorizado por la noticia.
Conclusión
La ratificación de la condena a Bolsonaro marca un momento decisivo en la historia política y judicial de Brasil. Sin embargo, la forma en que se estructuró el juicio y los vínculos entre los jueces y el presidente Lula da Silva han generado legítimas preguntas sobre la capacidad del sistema judicial brasileño para actuar con imparcialidad en casos de alto impacto político.
