Al menos 212 acciones represivas fueron registradas en Cuba durante septiembre de 2025 contra la población civil, según denunció este martes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). De ellas, 39 correspondieron a detenciones arbitrarias y 173 a otros tipos de abusos, lo que confirma —según la organización— un aumento sostenido de la represión por motivos políticos en la isla.
La mayoría de las detenciones, 27 en total, estuvieron vinculadas con la manifestación pacífica ocurrida el 13 de septiembre en Gibara (Holguín), donde decenas de vecinos salieron a las calles al grito de “¡Corriente y comida!”, “¡El pueblo unido jamás será vencido!” y “¡Libertad, libertad!”.
“Ha sido un mes negro para la libertad de expresión, debido a las condenas y juicios. El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, señaló el OCDH en su informe mensual.
Entre las principales violaciones documentadas se encuentran sitios policiales en viviendas de activistas, juicios sin garantías procesales, abusos contra presos, hostigamientos y amenazas. Además, se registraron 38 denuncias procedentes de prisioneros políticos, presos comunes y sus familiares.
Las provincias más afectadas por estas acciones fueron La Habana, Holguín y Granma, precisó el informe.
Desde enero, el OCDH ha contabilizado 2.462 acciones represivas en Cuba, de las cuales 461 han sido detenciones arbitrarias con el propósito de impedir o limitar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
Represión judicial y penalización de la expresión en redes
El mes de septiembre también estuvo marcado por un endurecimiento de la represión judicial contra el activismo digital y la libertad de expresión en redes sociales.
El Observatorio destacó las sentencias contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, condenados a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, por supuestos delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Por cargos similares, fueron sentenciados Félix Daniel Pérez Ruiz (5 años) y Cristhian de Jesús Peña Aguilera (4 años). Todos ellos fueron castigados por compartir en redes sociales una convocatoria a una manifestación pacífica que finalmente no se realizó, subrayó el OCDH.
En Santiago de Cuba, el Tribunal Municipal condenó a Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, a cuatro años y medio de prisión por los presuntos delitos de desobediencia y atentado, tras grabar con su teléfono móvil una cola de abastecimiento y negarse a reaccionar ante el acoso de un agente de la policía política.
Asimismo, en Bayamo, el Tribunal Municipal impuso penas de entre tres y nueve años de cárcel a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024, acusándolos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir.
El OCDH calificó estos procesos como “una escalada de la criminalización de la protesta pacífica y del ejercicio de la libertad de expresión en Cuba”, reiterando su llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la situación de derechos humanos en la isla.
