Expertas de la ONU exhortaron este viernes a las autoridades nicaragüenses a esclarecer de inmediato la suerte y el paradero de más de 120 personas víctimas de desaparición forzada en el país, incluidas aquellas detenidas en el marco de la crisis de derechos humanos de 2018.
De acuerdo con los informes, entre las personas desaparecidas se encuentran líderes indígenas defensores de la tierra y los recursos naturales, personas mayores, mujeres y ciudadanos vinculados a partidos políticos, así como otras sin afiliación política reconocida, percibidas como disidentes frente a las posiciones oficiales.
“Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato”, advirtió el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.
Las expertas alertaron que estas prácticas parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad, con el objetivo de infundir temor en la sociedad y enviar un mensaje disuasorio contra cualquier voz crítica.
Sistema represivo centralizado
Las declaraciones hacen eco de los hallazgos del Grupo de Expertos Independientes sobre Nicaragua, que en abril de 2025 concluyó que el poder ejecutivo constituye el núcleo del sistema represivo del país. Según el informe, la Presidencia opera con varios asesores cuyas responsabilidades oficiales no son públicas, pero que cumplen un rol clave en la maquinaria represiva mediante instrucciones directas aplicadas en todos los niveles del Estado.
Pese a las reiteradas solicitudes de cooperación, las expertas lamentaron que el Gobierno nicaragüense no haya respondido a los casos humanitarios transmitidos desde 2018 ni haya colaborado con el Grupo de Trabajo.
“Solo mediante una cooperación plena y efectiva podrá determinarse la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzadamente e informar a sus familias”, subrayaron.
Temor a denunciar
De acuerdo con los registros oficiales del Grupo de Trabajo, más de 120 personas permanecen desaparecidas. Sin embargo, las expertas advirtieron que la cifra real podría ser mucho mayor, ya que numerosas familias y representantes legales optan por no denunciar los casos por miedo a represalias.
En este sentido, destacaron la necesidad de garantizar justicia y rendición de cuentas en toda la cadena de mando. Jueces, policías, funcionarios penitenciarios y actores judiciales estarían, en última instancia, implicados en la comisión del crimen de desaparición forzada.
Llamado urgente
Las expertas urgieron al Gobierno a poner fin a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, liberar a todas las personas detenidas sin base legal y garantizar que las familias conozcan el paradero de sus seres queridos.
“Las autoridades también deben investigar las violaciones de derechos humanos, en particular la tortura, la violencia sexual y los malos tratos. El sufrimiento de las personas detenidas y de sus familias debe terminar”, concluyeron.
