La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en cinco de las siete provincias donde había sido instaurado frente a las protestas indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
El máximo tribunal resolvió que en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas no se verificaron los hechos que justificaran la medida extraordinaria, por lo que dejó sin efecto la declaratoria.
En cambio, sí admitió la constitucionalidad del estado de excepción en Carchi, fronteriza con Colombia, y en Imbabura, epicentro de las movilizaciones, al considerar que allí existe una “grave conmoción interna”.
Durante el proceso de control constitucional, la Corte examinó los decretos ejecutivos 134 y 146 y concluyó que, únicamente en esas dos provincias, se ajusta a derecho la suspensión del derecho de reunión y la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estas actuaciones deberán limitarse a garantizar el orden público, la seguridad ciudadana, la vida y la integridad de las personas, además del libre ejercicio de derechos y actividades.
El tribunal precisó que dichas medidas solo son constitucionales si se ejecutan de manera extraordinaria, regulada y fiscalizada, con pleno respeto a los derechos humanos y sin utilizarse para reprimir la protesta pacífica ni el derecho a la resistencia. Asimismo, recordó que las Fuerzas Armadas únicamente pueden emplear los recursos y tácticas de la Policía Nacional.
Finalmente, la Corte exhortó al Gobierno, a la Asamblea Nacional y a la sociedad en general a privilegiar un diálogo democrático que permita encaminarse hacia la paz y la convivencia.
