El Séptimo Juzgado Civil de Santiago falló a favor del Estado de Chile y ordenó a los herederos del exdictador Augusto Pinochet restituir 16 millones de dólares, correspondientes a fondos públicos malversados durante su régimen. El dinero, según el fallo, fue distribuido entre sus sucesores tras su fallecimiento en 2006 y tiene origen en la “sustracción de caudales públicos”.
La resolución acoge en su totalidad la demanda presentada en 2018 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), luego de que la Corte Suprema concluyera una extensa investigación en el marco del llamado caso Riggs, revelando una red de cuentas bancarias secretas utilizadas por Pinochet y sus colaboradores para ocultar capitales de origen ilícito.
“El fallo demuestra que la justicia, aunque tarde, sigue su curso. La demanda por provecho del dolo ajeno que hoy acoge íntegramente la Justicia forma parte de un conjunto de acciones materializadas por el CDE para reparar los exorbitantes perjuicios ocasionados por la malversación de fondos públicos cometida por Pinochet y sus colaboradores”, afirmó Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado.
Según el tribunal, los fondos malversados provenían de gastos reservados asignados a la Presidencia de la República, la Casa Militar y la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, todos controlados por Pinochet durante su dictadura (1973-1990).
La sentencia desestimó los argumentos de prescripción presentados por la defensa de los herederos, aunque, al tratarse de un fallo en primera instancia, aún es susceptible de ser apelado ante la Corte de Apelaciones e incluso la Corte Suprema.
En 2005, Pinochet alcanzó a ser procesado por este caso y se le decretó arresto domiciliario por algunas semanas, pero no fue condenado antes de su muerte en diciembre de 2006. Tampoco enfrentó sentencias por su responsabilidad en las graves violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su régimen, que dejaron más de 3.200 víctimas, de las cuales 1.469 permanecen en condición de detenidos desaparecidos.
