Las autoridades venezolanas continúan cometiendo desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, configurando crímenes de lesa humanidad, según denuncia Amnistía Internacional en su más reciente informe Detenciones sin Rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela.
Desde la cuestionada elección presidencial del 28 de julio de 2024 hasta el 15 de junio de 2025, la organización documentó 15 casos de desapariciones forzadas, de los cuales 11 personas permanecen en paradero desconocido. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos venezolanos y extranjeros provenientes de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
“Las autoridades venezolanas nos demuestran un día más que su crueldad no tiene límite”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. “La desaparición forzada supone no saber dónde está tu familiar, si está vivo o muerto. Es un crimen atroz que causa sufrimiento tanto a las víctimas como a sus familias, sometidas a una incertidumbre constante”.
La organización advierte que estas desapariciones no son hechos aislados, sino que forman parte de una política represiva diseñada para silenciar la disidencia y el pensamiento crítico. Entre los organismos implicados figuran la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Patrón sistemático de represión
El informe detalla que muchas de las detenciones fueron motivadas políticamente y ejecutadas sin base legal, afectando a activistas, periodistas, abogados de derechos humanos y ciudadanos relacionados con figuras opositoras. Las familias de las personas desaparecidas han agotado todos los canales institucionales para obtener información, sin obtener respuestas por parte del Estado.
Las prácticas empleadas incluyen audiencias judiciales secretas, asignación forzada de defensores públicos sin independencia, instrumentalización de los tribunales “contra el terrorismo”, y ocultamiento deliberado del paradero de las víctimas. En algunos casos, existen indicios de tortura con fines de obtención de confesiones o incriminación de terceros.
Desapariciones forzadas de ciudadanos extranjeros
Tras las elecciones de 2024, el gobierno venezolano anunció la detención de más de 150 supuestos “mercenarios extranjeros”. Amnistía Internacional sostiene que algunas de estas detenciones responden únicamente a la nacionalidad de las víctimas, usadas como fichas políticas en una narrativa oficial que alude a conspiraciones internacionales.
Entre los casos más alarmantes figura el del joven ucraniano Yevhenii Petrovich Trush, de 19 años y con condiciones neurodivergentes, desaparecido desde octubre de 2024 mientras solicitaba refugio en la frontera con Colombia. También permanecen desaparecidos los ciudadanos españoles Andrés Martínez y José María Basoa, acusados sin pruebas de pertenecer al servicio de inteligencia español.
Crimen de lesa humanidad y responsabilidad internacional
Amnistía Internacional sostiene que la desaparición forzada de personas en Venezuela cumple con los criterios del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), al tratarse de actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
La organización insta a la CPI y a tribunales nacionales que apliquen jurisdicción universal a investigar y, si hay pruebas suficientes, procesar a los responsables hasta el máximo nivel.
“La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe”, enfatizó Callamard. “La comunidad internacional no puede normalizar ni ignorar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Es hora de actuar”.
