En una decisión que marca un precedente en materia de justicia transicional, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, el cual concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y los comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos entre los años 1980 y 2000; período marcado por la violencia y la inestabilidad política en la nación andina, con enfrentamientos entre el Estado peruano y grupos subversivos como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru -MRTA.
La propuesta obtuvo 16 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, consolidando su aprobación legislativa tras un intenso debate en el hemiciclo.
La amnistía se aplicará a dos situaciones. La primera contempla a aquellos miembros de las FF.AA., la PNP y los comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, pero que actualmente estén siendo denunciados, investigados o procesados por presuntos delitos relacionados con su participación en la lucha contra el terrorismo durante ese periodo. La segunda situación considera a quienes sí cuenten con sentencia firme y/o se encuentren en etapa de ejecución, siempre que sean adultos mayores a partir de los 70 años.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Fernando Rospigliosi Capurro (Fuerza Popular), afirmó que los miembros de las fuerzas del orden y los comités de autodefensa fueron quienes, “con coraje y amor por la patria”, enfrentaron al terrorismo que desangró al país por dos décadas, y lograron su derrota.
Por su parte, el congresista Jorge Montoya Manrique (Honor y Democracia), autor del proyecto de ley, sostuvo que esta norma representa un acto de justicia pendiente. “Más de 1 200 familias vienen soportando durante 40 años los llamados de las citaciones fiscales a sus seres queridos”, manifestó, subrayando el impacto humano prolongado que han tenido estos procesos judiciales.
Otros parlamentarios como Ruth Luque Ibarra (BDP) y Alex Flores Ramírez (BS) expresaron opinión en contra.
“El Congreso ha enterrado la justicia con una amnistía que protege a quienes violaron derechos humanos. No se puede confundir la lucha contra el terrorismo con crímenes de Estado. Quien tortura, desaparece, viola o asesina civiles no es un héroe, es un criminal, un delincuente. Esta ley de impunidad viola tratados internacionales y desafía sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los crímenes de lesa humanidad NO se amnistían”, expresó Luque Ibarra.
Entre 1980 y 2000, el Perú atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia reciente a causa de la violencia terrorista, enfrentada por las fuerzas del orden y las organizaciones civiles de autodefensa. Según los congresistas la norma busca brindar una respuesta humanitaria a quienes, han sido injustamente perseguidos pese a haber actuado en defensa del país.
