El gobierno de Estados Unidos debería permitir el regreso y atender las solicitudes de asilo de aproximadamente 200 ciudadanos de terceros países —incluidos niñas, niños y adolescentes— que fueron expulsados de forma injusta a Costa Rica en febrero pasado. Así lo declaró este jueves la organización Human Rights Watch (HRW), que también instó a Costa Rica a rechazar futuros traslados de este tipo.
El nuevo informe de HRW, titulado “La estrategia es doblegarnos: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Costa Rica”, documenta los abusos sufridos por los migrantes detenidos y expulsados sin garantías de debido proceso ni evaluación de sus temores de persecución en sus países de origen.
Durante su detención en EE.UU., las personas fueron retenidas durante semanas en condiciones abusivas, para luego ser enviadas a Costa Rica sin opción de explicar su situación o solicitar asilo. Una vez allí, estuvieron detenidas por otros dos meses en condiciones similares, sin información clara sobre su futuro.
Entre las personas expulsadas había al menos 81 menores de edad, de entre 1 y 17 años, procedentes de países como Afganistán, Rusia, Irán, Yemen, China y otros. Según el informe, los funcionarios estadounidenses incluso separaron a familias, dispersándolas entre distintos países sin garantías ni información clara.
Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de HRW, calificó el proceder como “repudiable”. “Estados Unidos abandonó a familias en un país que no eligieron, sin ningún proceso y sin considerar su seguridad. Costa Rica y EE.UU. deben garantizar que estas personas puedan solicitar asilo donde se sientan seguras”, expresó.
Negociaciones opacas y mensajes contradictorios
Ni Estados Unidos ni Costa Rica han publicado detalles del acuerdo que permitió las expulsiones. El presidente costarricense Rodrigo Chaves justificó la aceptación de los vuelos como una “ayuda” al “hermano económicamente poderoso del norte”.
Autoridades costarricenses afirmaron inicialmente que las personas deseaban retornar a sus países. Sin embargo, HRW entrevistó a 36 personas que expresaron temor real de persecución o peligro si regresaban. A pesar de eso, no se les ofreció la oportunidad de presentar su caso en EE.UU. y en muchos casos, las decisiones de retorno parecen haber sido tomadas bajo presión.
Detención injustificada y situación actual
Los migrantes permanecieron detenidos en el Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) hasta el 23 de abril. Durante ese tiempo, no fueron acusados de ningún delito y entraron al país con permiso oficial. Actualmente, cuentan con un permiso humanitario temporal por 90 días, que les permite moverse libremente y solicitar asilo en Costa Rica o salir del país.
Como medida urgente, HRW pide a Costa Rica que otorgue autorización de trabajo, asistencia para vivienda, formación laboral y clases de idioma a quienes decidan quedarse y solicitar asilo. También exige que Estados Unidos permita a estas personas regresar para tramitar sus solicitudes conforme a las normas de asilo y derechos humanos.
“La complicidad en estas expulsiones ha dañado la historia de Costa Rica como país de acogida”, advirtió Bochenek. “Pero aún se puede corregir: el gobierno costarricense debe ofrecer una reparación significativa”
