El expresidente Jair Bolsonaro pidió este martes (25) que los ministros Flávio Dino y Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), sean impedidos de juzgarlo por intento de golpe de Estado.
La medida ya había sido anunciada a la prensa el día anterior, tras una reunión entre el abogado del expresidente, Celso Vilardi , y el presidente del Supremo, el ministro Luís Roberto Barroso.
Las peticiones fueron dirigidas al propio Barroso, ya que corresponde al presidente del Tribunal Supremo informar sobre las demandas de impeachment.
Las dudas sobre sobre la imparcialidad de los ministros, Zanin y Dino, impuestos por Lula en el Supremo Tribunal Federal
Cristiano Zanin, el magistrado colocado por orden de Lula en el Supremo Tribunal Federal, despierta suspicacias porque es su amigo personal y fue el abogado que defendió al presidente brasileño en la causa por la que estuvo preso.
Luego, Lula da Silva, nombró en el STF a su también compañero de militancia en la izquierda, Flávio Dino, y dijo que estaba feliz de que por primera vez un magistrado del Partido Comunista de Brasil, entrara en el Supremo Tribunal Federal.
Las sospechas
En el caso de Dino, el argumento principal es que el ministro presentó, en 2021, en medio de la pandemia de Covid-19 y cuando era gobernador de Maranhão, una denuncia penal contra Bolsonaro , quien era el presidente en ese momento, acusándolo de calumnia.
En la solicitud de impeachment del martes, el abogado argumenta que “la preexistencia de una denuncia penal que involucre, por un lado, al juez y, por otro, a la parte, es una causa típica de impeachment”. Para el defensor, el motivo del impedimento es “objetivo” y por tanto no sería necesario probar la parcialidad de Dino.
En el caso de Zanin, el defensor argumenta que el propio ministro ya se declaró inhabilitado en el recurso en el que Bolsonaro pretendía revertir su inelegibilidad decidida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) el año pasado.
En la ocasión, Zanin se declaró inhabilitado por haber actuado como abogado en el Tribunal Electoral en una representación contra Bolsonaro que abordó la reunión con embajadores en la que el expresidente atacó el sistema electoral, mismo hecho que derivó en su inelegibilidad.
El abogado de Bolsonaro señala que la misma reunión con embajadores también está incluida en la denuncia presentada el 19 de febrero contra el expresidente por el fiscal general de la República, Paulo Gonet.
“En otras palabras, los hechos fueron atribuidos a Jair Messias Bolsonaro como violatorios de la legislación electoral y, por ello, el propio ministro se declaró incapacitado para actuar en el caso a su llegada al STF. “Esos mismos hechos ahora son atribuidos a Jair Messias Bolsonaro como violadores de la ley penal y, por ello, también debe declararse el impedimento para actuar en el caso”, argumentó la defensa.
Tanto el Código de Procedimiento Penal (CPP) como el Código de Procedimiento Civil (CPC) prevén el impedimento objetivo del magistrado en los casos presentados por la defensa, afirma Vilardi.
Antes, aunque con un argumento diferente, la defensa del general Mauro Fernandes también pidió que se impida a Dino juzgar la denuncia sobre el golpe.
Competencia del Pleno
En las dos peticiones en las que pide el impeachment de Dino y Zanin, el abogado Celso Vilardi también pide que la querella sea juzgada por el pleno del Tribunal Supremo , y no por la Primera Sala, que ha sido responsable del caso.
El defensor argumenta que los hechos atribuidos a Bolsonaro habrían sido cometidos cuando él era presidente, lo que atrae la competencia del plenario. Esto se debe a que la Constitución establece que sólo el pleno de la Corte Suprema puede juzgar las infracciones comunes cometidas por el Presidente de la República .
Si Zanin y Dino están impedidos de juzgar a Bolsonaro y la competencia sobre el caso sigue estando en la Primera Cámara, la aceptación o no de la denuncia sobre el golpe de Estado sólo podrá ser juzgada por los otros tres ministros del colegiado: Cármen Lúcia, Luiz Fux y Alexandre de Moraes.
El expresidente Jair Bolsonaro fue denunciado por la PGR como líder de una organización criminal armada , formada en gran parte por militares de reserva y en activo, que estaría dispuesta a romper el orden constitucional y utilizar la violencia para mantener al expresidente en el poder, luego de que fuera derrotado en la carrera presidencial de 2022.
Además del expresidente, fueron imputadas 33 personas más . Otros delitos atribuidos a los imputados fueron el de daños calificados, agravados por el uso de la violencia y amenaza grave al patrimonio de la Unión, y el de deterioro de los bienes catalogados.
Estos crímenes están relacionados con los atentados del 8 de enero de 2023 , cuando partidarios de Bolsonaro invadieron y vandalizaron la sede de los Tres Poderes, en Brasilia.
Con información de Agencia Brasil.-
