La Fiscalía de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, a través del fiscal Mario Villar, apeló este jueves ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que condene a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de vialidad en la provincia de Santa Cruz.
Si bien la Cámara de Casación Penal ratificó la condena de seis años de prisión de la exmandataria por administración fraudulenta, no la condenó por el delito de asociación ilícita y esto ameritó el pedido del fiscal Villar Villar al exponer que el fallo de Casación incurre en omisiones argumentativas al no responder a los planteos del Ministerio Público Fiscal (MPF), lo que “habilita el recurso a la Corte”.
La Fiscalía sostiene en su escrito que Cristina Kirchner lideró una “asociación ilícita piramidal en el seno del Estado, entre los años 2003 y 2015, que replicó en el terreno de la clandestinidad la imagen del organigrama estatal”.
La asociación ilícita tuvo “en su cúspide, como jefes, a quienes se desempeñaron como jefes de Estado” y estuvo conformada por una red de funcionarios públicos que, “en paralelo al plano legal, pero valiéndose de las competencias que les otorgaba la jerarquía de sus respectivos cargos y del poder político que ejercían, prestaron los aportes necesarios para que las maniobras pudieran llevarse a cabo”.
De acuerdo con el documento del fiscal, la finalidad de esta asociación era “la detracción de los fondos del Estado para un beneficio particular o de terceros”, utilizando como mecanismo el “direccionamiento de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz” a favor del “Grupo Báez”, explica una información de Infobae.
El fiscal señala que Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti “se agruparon para cometer delitos, prepararon las condiciones y los ejecutaron a lo largo de 12 años, a partir de distintos aportes realizados tanto desde el sector público como privado”.
La causa de corrupción “Vialidad”
La causa contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner, por las licitaciones irregulares de obra pública entre el 2003 y 2015 -tres administraciones kirchneristas en la exposición del fiscal Diego Luciani, expresa que se habría montado “un aparato ilegal” para direccionar 51 construcciones millonarias con dinero estatal en favor del empresario Lázaro Báez, sin pasar por el Congreso.
