Por Paco Tilla.-
Los diputados del régimen antidemocrático de Nicolás Maduro sancionaron este jueves en Venezuela una ley que contempla “penas gruesas” contra los opositores que apoyen las sanciones económicas extranjeras, acciones “armadas” y “ataques cibernéticos” contra el Estado.
En otra de sus imposiciones del terror, los diputados serviles a la dictadura aprobaron “la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la novísima ley, aprobada en segunda discusión por unanimidad, consagra el resguardo de la soberanía, la independencia, la autodeterminación e integridad territorial de la nación, y garantiza los derechos humanos de la población ante las amenazas de personas en complicidad con gobiernos extranjeros”.
Al sancionar la antidemocrática ley, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez (PSUV), invitó a todos los parlamentarios que fingen ser legisladores a rendir honores al Padre de la Patria. La Asamblea Nacional legislativa está compuesta solo por parlamentarios afines al régimen, elegidos también en forma irregular.
Esta ley chavista es en respuesta a la decisión del Congreso de EEUU que retoma las sanciones dictadas por la normativa de autorización de defensa nacional e impide al Pentágono y a empresas hacer negocios con firmas y/o personas que tengan vínculos con el gobierno venezolano.
Jorge Rodríguez, considerado como co-dictador junto a Maduro, incita continuamente a la confrontación entre los venezolanos.
Imprescriptibilidad de los delitos y sin derecho a elegir abogado defensor
La legislación del chavismo, tramitada en pocas y sin por unanimidad ya que no hay opositores porque no se les permitió acceder a sus bancas, establece sanciones penales, pecuniarias e inhabilitaciones políticas y funcionariales, a las personas que promuevan las medidas coercitivas unilaterales y restrictivas, que afecten a la República de Venezuela y sus instituciones.
Además incluye la imprescriptibilidad de los delitos y tampoco serán aplicables fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, como indulto o amnistía. Se elimina el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución.
La norma de Maduro está sujeta al procedimiento de extinción de dominio, de conformidad con la ley que regula la materia. En caso de contumacia, al procesado se le asignará un defensor público (no tendrá derecho a un abogado elegido y/o contratado por el acusado).
Igualmente, se establecen sanciones penales, y revocatoria de medios electrónicos, a quienes divulguen mensajes que instiguen medidas coercitivas unilaterales, que afecten al pueblo y sus instituciones.
Esta ley, – dicen los diputados de la dictadura- que “resguarda los intereses del pueblo venezolano de los ataques y amenazas imperiales”, consta de 23 artículos, una derogatoria única y una disposición final.
La ley antidemocrática va contra venezolanos y extranjeros que “promuevan, instiguen, soliciten, respalden o participen” en sanciones económicas y “ataques cibernéticos” contra el país, sus autoridades e instituciones.
Sus penas incluyen impugnación de candidaturas, multas millonarias, prisión de 25 a 30 años, la inhabilitación para ejercicio de funciones públicas y la inhabilitación política por “hasta 60 años”.
Otra opresión más del dictador al sufrido pueblo venezolano.
