El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) celebró este jueves una reunión especial en Puerto Príncipe con miembros del cuerpo diplomático y organizaciones internacionales acreditadas en el país, con el objetivo de debatir la reciente medida del Gobierno dominicano de deportar a 10.000 haitianos indocumentados cada semana.
En un comunicado emitido a través de sus redes sociales, el CPT calificó la decisión del Gobierno de la República Dominicana de deportar a 500.000 haitianos al año como una “condenable acción que desafía los derechos humanos y las convenciones internacionales”. Durante la reunión, se discutieron las implicaciones de estas deportaciones masivas, que afectan a miles de haitianos que son expulsados en condiciones inhumanas, según denunció el Consejo.
El nuevo presidente del CPT, Leslie Voltaire, señaló que la reunión fue “intensa y productiva” y afirmó que se discutió en profundidad la “dramática situación de las repatriaciones desde la República Dominicana”. Voltaire subrayó el firme compromiso del Consejo para movilizar aliados y recursos adicionales con el fin de proteger la dignidad y los derechos de los migrantes haitianos. “Juntos debemos afrontar esta crisis con humanidad y determinación”, añadió.
Por su parte, el primer ministro de Haití, Garry Conille, anunció, horas antes, la creación de un comité interministerial con el fin de dar una respuesta diplomática y humanitaria a las deportaciones masivas desde el país vecino. “La deportación forzada y masiva de nuestros compatriotas es una violación de los principios fundamentales de la dignidad humana”, declaró Conille, reafirmando la posición del gobierno haitiano en defensa de los derechos de sus ciudadanos.
El plan de deportación masiva anunciado por la República Dominicana tiene como objetivo controlar la inmigración irregular desde Haití, país afectado por la violencia de pandillas y la pobreza extrema. Tras conocerse esta medida, las autoridades haitianas han instado al gobierno dominicano a respetar los derechos de los migrantes y a buscar soluciones conjuntas que atiendan la crisis humanitaria sin vulnerar los principios internacionales de derechos humanos.
