El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un nuevo decreto presidencial que declara un estado de excepción en varios cantones de ocho provincias del país, medida que entrará en vigor a partir de este jueves 3 de octubre y se mantendrá por 60 días.
Las provincias afectadas por esta disposición incluyen Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana, el distrito de Quito y el cantón Camilo Ponce, en Azuay. Esta es la primera vez que la capital del país, Quito, vuelve a estar bajo estado de excepción por motivos de seguridad desde el pasado mes de abril, cuando culminó un estado de excepción anterior que había sido decretado en enero de este año.
Motivos del decreto
El nuevo estado de excepción responde, según el decreto presidencial, “al incremento de hostilidades, cometimiento de delitos e intensidad de la presencia prolongada de grupos armados organizados” en varias de las zonas afectadas, incluyendo Quito, que no formaba parte de los territorios previamente cubiertos por el estado de excepción que ha estado vigente durante los últimos tres meses.
“La decisión presidencial se toma para fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en función de defender la soberanía e integridad del Estado, seguridad ciudadana y orden público”, subraya el comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República.
Medidas especiales y restricciones
Durante los 60 días de vigencia de esta medida, se suspenderán los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión en los territorios afectados. Además, se ha decretado toque de queda en 20 localidades específicas, que se aplicará desde las 22:00 hasta las 05:00 durante el mismo periodo de 60 días.
El decreto aclara que “las personas que circulen durante el horario temporal de restricción serán puestas a órdenes de las autoridades competentes”.
Con estas medidas, el Gobierno Nacional busca contener la escalada de violencia y reforzar la seguridad en las zonas más afectadas por la actividad de grupos armados, protegiendo así la integridad y bienestar de la ciudadanía.
