Con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y evitar que se prolonguen indefinidamente, así como reducir el número de reos sin sentencia o con condenas cumplidas en los centros penitenciarios, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, suscribieron esta mañana un importante convenio interinstitucional.
En el marco de la firma del acuerdo, Arévalo Vela subrayó la urgencia de abordar la problemática del uso excesivo de la prisión preventiva, calificándola como “una forma de tortura” que está afectando a la población, ya que muchas personas permanecen encarceladas durante años sin una sentencia definitiva. “Estamos exagerando en el dictado de prisiones preventivas, otorgando plazos de hasta 36 meses para investigar. La privación de la libertad debe ser la última medida para controlar conductas ilícitas, reservada solo para casos excepcionales”, afirmó el titular del Poder Judicial.
Asimismo, Arévalo Vela expresó su preocupación por la situación de reos que continúan en prisión pese a haber cumplido sus condenas, o que se encuentran en condiciones de salud incompatibles con la privación de libertad. El magistrado hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que intervenga en los casos de adultos mayores que llevan años litigando contra el Estado, una situación que, según dijo, requiere atención urgente.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, destacó que el convenio permitirá la interoperabilidad de los sistemas del Poder Judicial y la Defensoría del Pueblo, lo que contribuirá a reducir el exceso de carcelería. “Este acuerdo fortalece nuestra capacidad de defender a los ciudadanos y a la democracia. Con la firma de este convenio, la Defensoría cuenta con un aliado estratégico en el Poder Judicial, que apoyará todas las medidas en defensa de los peruanos”, sostuvo Gutiérrez.
El convenio interinstitucional busca, además, mejorar el acceso a la justicia y reforzar el Estado de Derecho, asegurando que las instituciones trabajen de manera conjunta para proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
