El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha decretado este martes un estado de excepción por un período de sesenta días en seis provincias y una población específica. Esta medida se toma como respuesta a la creciente ola de violencia generada por bandas criminales que acechan la población del país y que la tienen sumergida bajo un manto de terror.
El decreto se fundamenta en la grave conmoción interna y el conflicto armado que afectan a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y la localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, ubicada en la provincia del Azuay. Estas zonas han sido identificadas por las autoridades como las más afectadas por la violencia criminal.
La disposición implica restricciones a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, así como limitaciones al derecho de libre asociación y reunión.
Este es el tercer estado de excepción focalizado decretado por el presidente Noboa. En la última ocasión, el 14 de junio, la Corte Constitucional anuló la medida debido a la falta de una adecuada argumentación sobre la existencia de un conflicto armado interno.
En el nuevo decreto, que consta de 44 páginas, el presidente Noboa detalla la situación de conmoción interna y el conflicto armado en las regiones afectadas. Entre los argumentos presentados, se destaca la identificación de grupos armados organizados y la intensidad de sus actividades ilícitas, las cuales requieren acciones conjuntas de las fuerzas armadas y la policía.
La Presidencia emitió un comunicado en el que se afirma que esta decisión permitirá fortalecer las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, garantizando el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, especialmente en las zonas más afectadas.
