En una decisión unánime, la Corte Constitucional de Ecuador ha respaldado la legalidad del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa en su lucha contra el crimen organizado. Esta medida responde a la reciente ola de violencia y atentados perpetrados por bandas criminales a principios de enero.
El máximo tribunal de garantías del país ha validado las medidas adoptadas por el presidente Noboa para hacer frente a la creciente criminalidad organizada, que ha situado a Ecuador como uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
Entre las disposiciones respaldadas por la Corte se encuentra la suspensión de ciertos derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, así como la implementación de un toque de queda nocturno, cuyo horario varía según el nivel de peligrosidad de cada región.
Además, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un “conflicto armado interno” contra veintidós bandas criminales, consideradas ahora como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales por el presidente Noboa. Sin embargo, el tribunal subraya que la determinación de la existencia de este conflicto no depende de la declaración de una autoridad pública, sino que es una cuestión de hecho.
En el marco de estas medidas, se ha autorizado la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, así como en el interior de las cárceles, donde se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. También se ha declarado como zona de seguridad a las cárceles, estableciendo un perímetro de un kilómetro a la redonda, y se han autorizado requisas para confiscar armas, explosivos, drogas y otros objetos prohibidos en manos de la población penitenciaria.
La Corte Constitucional reitera que la intervención de las Fuerzas Armadas para garantizar la soberanía e integridad territorial es una competencia ordinaria, que puede ser ejercida incluso en caso de conflicto armado interno, una vez que finalice el estado de excepción.
Esta decisión representa un respaldo legal a las acciones emprendidas por el Gobierno de Ecuador en su lucha contra el crimen organizado, y refuerza el compromiso del país en la protección de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
