En una declaración conjunta, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay “manifiestan su profunda preocupación” por los acontecimientos políticos que han ocurrido en Venezuela en los últimos días.
Estos países protestan por “la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y hacen un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados”.
“De igual manera —continúa el comunicado— rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.
Comunicado Conjunto sobre situación en Venezuela: pic.twitter.com/VzDsYeps2Z
— Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) February 15, 2024
Acceso a la Justicia: La desaparición forzada de Rocío San Miguel
Con su detención el pasado 9 de febrero, la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada, se convirtió en la última víctima de desaparición forzada en el país junto con varios de sus familiares. Ese día, a primera hora de la mañana, fue apresada en el aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar cuando se disponía a tomar un vuelo al exterior junto a su hija. Dos días después, el fiscal general Tarek William Saab informó a través de su cuenta de X (antigua Twitter), que la activista había sido arrestada «en virtud de una orden de aprehensión en su contra».
El informe completo en Acceso a la Justicia
