La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo la detención de 52 personas vinculadas al presunto cobro ilegal de prestaciones públicas. Entre los detenidos se encuentra un abogado que, junto a varios cómplices, se dedicaba a la creación de empresas ficticias sin actividad real con el propósito de facilitar el cobro indebido de prestaciones por desempleo a trabajadores. La cantidad defraudada, tanto al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) como al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), asciende a más de 300.000 euros.
La investigación, iniciada en mayo tras recibir una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad Social, reveló actividades irregulares llevadas a cabo por una sociedad con sede en Albacete, la cual buscaba eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.
La empresa denunciada, aparentemente dedicada al comercio al por mayor de maquinaria, equipos y suministros agrícolas, resultó no tener ninguna actividad comercial genuina. Tras interrogar a varios trabajadores de la empresa, se descubrió que nunca habían trabajado para dicha entidad y que habían pagado a una persona para cotizar a la Seguridad Social sin recibir prestaciones por desempleo.
La investigación identificó al responsable, un abogado con antecedentes por fraude a la Seguridad Social y falsificación documental, así como al supuesto administrador con reseñas policiales por estafa, defraudación y falsificación de documentos. Este letrado figuraba como tramitador autorizado ante la Seguridad Social para numerosas empresas, muchas de las cuales eran ficticias.
En el curso de la investigación, se determinó que el autorizado RED de Albacete, con la colaboración de terceros, lideraba sociedades sin actividad real. Estas empresas realizaban altas ficticias de trabajadores en la Seguridad Social para obtener ilegítimamente prestaciones y subsidios por desempleo. Los llamados “testaferros” aprovechaban también para cobrar prestaciones por desempleo, incluso colocando a familiares cercanos como beneficiarios.
Un operativo llevado a cabo en las provincias de Albacete, Alicante, Madrid, Málaga, Murcia y Valencia resultó en la detención de 52 personas por delitos de fraude en la obtención de prestaciones. Se imputa al abogado y a sus cómplices un delito de pertenencia a grupo criminal, al considerarse que crearon un entramado empresarial con el propósito de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal.
Las investigaciones revelan un perjuicio económico total de más de 304.094 euros al SEPE y al INSS. Además, se ha identificado un fraude a la Hacienda Pública cercano a los 12 millones de euros, actualmente bajo investigación por la Agencia Tributaria de Albacete.
