El Gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las extintas FARC, han dado un paso crucial hacia la construcción de la paz en la nación al instalar una mesa de diálogos con la firma de un cese al fuego bilateral. Esta histórica iniciativa, que tuvo lugar en el convulso municipio de Tibú, ubicado en el noreste de Colombia, representa un hito fundamental en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto armado que ha afectado al país durante décadas.
La ceremonia de instalación de la mesa de diálogos se suscribieron compromisos concretos, precisos y específicos que marcan un precedente en el desarrollo de procesos de paz en Colombia. Uno de los aspectos más destacados de esta histórica ocasión fue la firma de un “acuerdo especial de protección de la población civil y de cese al fuego”.
El cese al fuego bilateral, anunciado durante la instalación de la mesa, entrará en vigor este martes y tendrá una duración de tres meses, abarcando hasta el 15 de enero. El comisionado encargado de este proceso expresó que este periodo de tres meses servirá para poner a prueba la credibilidad de esta construcción de paz y evaluar su viabilidad.
Para llegar a este punto, las delegaciones involucradas en este proceso de paz realizaron una fase exploratoria de 14 meses. A lo largo de este periodo, se llevaron a cabo más de 25 reuniones, con altibajos y desafíos. Estos esfuerzos incansables han culminado en un cese al fuego que busca reducir la violencia, aliviar las crisis humanitarias y propiciar un ambiente más propicio para las futuras negociaciones que llevarán a un cese al fuego definitivo.
El Gobierno Nacional de la República de Colombia y el Estado Mayor Central de las FARC-EP y sus componentes reiteran su firme convicción de avanzar hacia la construcción de un Acuerdo de Paz que garantice una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental como sus pilares fundamentales. Este acuerdo especial de cese al fuego es un paso significativo en esa dirección.
Este proceso de paz es un testimonio del compromiso de ambas partes para poner fin a la confrontación armada y avanzar hacia una Colombia más pacífica y justa. La población civil, que ha sufrido las consecuencias del conflicto, es el principal beneficiario de este cese al fuego bilateral y de las futuras negociaciones que buscarán alcanzar una paz duradera.
Este importante hito representa una oportunidad única para el país y un motivo de esperanza en la búsqueda de una paz duradera en Colombia. Las partes involucradas están comprometidas a trabajar arduamente para lograr este objetivo común y construir un futuro más prometedor para todos los colombianos.
