El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela lanzó un nuevo sistema, el cual obliga a los ciudadanos que aspiran tramitar el documento nacional de identidad a acudir a su página web para obtener una cita. Al agendarla, la persona deberá rellenar un formulario, en el cual deberá aportar información hasta ahora no solicitada por el organismo.
No obstante, la organización no gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, explica que debe tomarse en cuenta a las personas que no sepan manejarse con las nuevas tecnologías, como es el caso de las personas de la tercera edad, y también aquellos que no cuenten con los servicios de internet o de luz eléctrica para realizar este trámite.
No es un dato menor que la mitad de la población no tiene acceso a internet, por lo que el Estado debe facilitar medios de acceso alternativos para los millones de venezolanos que no cuentan con ese servicio, cosa que hasta el momento no se ha anunciado, dejando en indefensión a un gran sector del país, explican desde la ONG.
Y ahora con código de vestimenta para obtener la cédula o pasaporte
https://twitter.com/monitoreamos/status/1659654926329323527
El portal de Acceso a la Justicia, explica que, “Como si no bastaran las exigencias del Saime respecto a los requisitos para satisfacer el derecho a la identidad, nos encontramos con que, sin que exista base constitucional ni legal alguna, se impone a los ciudadanos un «código de vestimenta» que es esencialmente discriminatorio y, por tanto, violatorio de los derechos humanos.
Así, en un video hecho público en Twitter y que luego fue borrado, pero que puede verse en esta cuenta, se afirma que existe dicho código, el cual implica entre otras limitaciones, las siguientes: prohibición de «ropa informal», lo que se traduce explícitamente en ir en shorts, minifaldas, monos deportivos, leggins, camisas con escotes o pantalones con roturas.
La mayoría de estas prohibiciones son claramente contra las mujeres, y en nada se diferencian de las establecidos en aquellos países donde estas son ciudadanas de segunda categoría, en la medida en que se imponen para que las mujeres no «estimulen» o peor aún, «provoquen a los funcionarios, una concepción de la mujer como incitadora y que debe contenerse. Por eso, consideramos que estas exigencias configuran una especie de «burka criollo» al negarles a las mujeres la libre expresión de su identidad.
A partir de estos prejuicios, queda entonces en manos del funcionario determinar cuándo una falda es muy corta, si existe o no un escote o qué tan recatada es la vestimenta de una mujer, lo que otorga a los funcionarios del Saime una discrecionalidad para atender a una persona que, tristemente, siempre termina en arbitrariedad.
Pero la discriminación no termina allí, pues también se prohíben los pantalones cortos o shorts, lo cual, sin que sepamos por qué, también acoge a los bermudas, pantalón particularmente cuestionado por funcionarios a lo largo y ancho de la administración pública venezolana, y que son simplemente la expresión de un país en el que en algunos lugares tener 40° de temperatura es algo habitual. Por tanto, se trata de una prenda práctica, no una moda.
Lo dicho hace que también los hombres sean víctimas de este código carente de base constitucional y legal.
El Saime no se queda ahí: también agrega a su «código» las sandalias tipo playeras o similares, con lo cual, una vez más, niega nuestro carácter de país tropical y, sobre todo, la pobreza, pues para muchos venezolanos optar por un calzado diferente no es una opción. Se llega a tal nivel de discriminación que los indígenas, con su vestimenta habitual, no serían «dignos» de ser atendidos en estas oficinas públicas y que terminaría contrariando lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Identificación respecto a que «no se les obligará a fotografiarse con una vestimenta distinta a la que corresponde a sus usos, costumbres y tradiciones».
Esto último es lo más grave, pues cuando son los ciudadanos los que deben hacerse lo suficiente «dignos» para ser atendidos, entendemos que el mito de los llamados «servidores públicos» no es más que eso, y la prestación de servicios por parte del Estado es un ejercicio discriminatorio y represivo.
Lo exigido por el Saime no es más que la expresión oficial de una costumbre que lleva años, en la que además se incluye el color del pelo y muchas otras exigencias discriminatorias en las que el Estado impone una identidad al ciudadano, cuando debería limitarse a registrar la que este haya decidido”.
