La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha lamentado el incremento de la violencia en Colombia durante el 2022, asegurando que recibió alegaciones de 128 casos de posibles masacres, de las cuales 92 han sido verificadas con un saldo negativo de 321 víctimas. Los departamentos más afectados han sido Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
De la misma forma ha advertido que los grupos paramilitares extienden su influencia para reclutar menores, situación que se ha visto reflejada en los 115 casos de niños, niñas y adolescentes que han caído en las garras de los grupos armados. De estos, 20 habrían sido asesinados (11 niñas y 9 niños) y 12 niñas habrían sufrido violencia sexual.
A su vez, datos del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional indican que 103 miembros de la Fuerza Pública murieron por acciones de organizaciones criminales y grupos armados no estatales.
Las declaraciones las ha realizado la ONU en el marco de la presentación del Informe Anual 2022 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, donde condena tajantemente estas acciones de violencia, al tiempo de instar a las autoridades del gobierno de Gustavo Petro a tomar cartas en el asunto.
“Estos grupos y organizaciones criminales mantienen una presencia en varios territorios y ejercen control sobre la población, utilizando coerción, intimidación, violencia y amenazas para contrarrestar la oposición al desarrollo de sus actividades. Además de actos de violencia sexual, asesinatos y desapariciones, en varios territorios los grupos extorsionan, controlan o limitan la movilidad de la población y sus actividades productivas”, ha detallado el informe
En este contexto el dossier ha especificado que los altos niveles de violencia ejecutados por grupos armados no estatales en contra de personas defensoras de los Derechos Humanos se han mantenido durante 2022, comprobando que de 256 alegaciones de homicidios registradas por el organismo internacional, en 116, existía un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos.
Estos grupos también ejercieron violencia en contra de autoridades indígenas y afrodescendientes, incluyendo guardias indígenas y cimarronas, para quebrantar su autoridad y procesos organizativos.
“Nueve de las víctimas de los casos verificados eran mujeres, incluyendo tres indígenas, una afrodescendiente, una campesina y una mujer trans; 107 eran hombres, incluyendo 23 indígenas, 14 afrodescendientes y 52 campesinos”, ha señalado.
