Un informe de un grupo de expertos de derechos humanos conformado por las Naciones Unidas determinó este jueves que el Gobierno de Nicaragua desde el año 2018 está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Dentro de ellas se encuentran ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
El informe asegura que encontró un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018.
De igual forma señala que el Gobierno de Nicaragua obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
“Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos”, dijo el experto independiente Jan Simon. “La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra”.
Simon agregó que las altas autoridades del Gobierno han logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral “para desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. “El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país”.
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Piden que se abra investigación
Los expertos emitieron una serie de recomendaciones que deberían adoptarse por el gobierno de Nicaragua y la comunidad internacional con el fin de “hacer frente a las violaciones, abusos y crímenes documentados”.
Dentro de las recomendaciones al gobierno de Nicaragua se encuentran el cesar la persecución por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa.
También sugiere emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad.
De igual forma sugiere que se garantice la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
En cuanto a la comunidad internacional, el grupo de expertos sugieren iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna, así como ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional.
El gobierno de Nicaragua de momento no se ha pronunciado al respecto, no obstante en su momento desconoció la conformación de este grupo de expertos de la ONU compuesto por Jan-Michael Simon,un experto en investigación criminal y derecho penal; la exfiscal colombiana, Ángela María Buitrago; y el chileno, Alexandro Álvarez, exconsultor de la CIDH.
Nicaragua también prohibió el ingreso al país de estos expertos, de acuerdo a medios locales.
El informe será presentado oficialmente el próximo lunes 6 de marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
VOA
