Durante el último año América Latina fue escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos que dejaron en evidencia la polarización política, amenazas a la vida, desigualdad y pobreza a la que se enfrentan los ciudadanos de la región, de acuerdo con organizaciones internacionales consultadas.
Expertos siguen preocupados por temas como la protección de los espacios democráticos, las amenazas a la integridad personal y la situación climática.
“La situación de DDHH en América Latina es bien problemática. En este momento estamos enfrentando -en algunos casos extremos- dictaduras, como el caso de Cuba, Nicaragua o Venezuela, y vemos también una situación alarmante de retrocesos democráticos en países donde llegan al poder personas que son electas democráticamente y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales como la independencia judicial, el trabajo a la prensa independiente o de la sociedad civil”, dijo a Voz de América Tamara Taraciuk, directora adjunta de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, en conmemoración a la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948.
La Declaración Universal consagra los derechos de todos los seres humanos sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica o nacimiento. El texto ha sido traducido a más de 500 idiomas.
“Es innegable que el panorama está lleno de desafíos y son enormes. Este año vimos una vez más ataques muy fuertes por parte de ciertos liderazgos de la región contra la democracia misma, y cuando tu atacas la democracia atacas los DDHH”, dijo a VOA Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), un centro de estudios y promoción de DDHH.
En 2022, 21 países de América Latina empeoraron en materia de la protección del estado de derecho, según el índice revelado en octubre por el Proyecto de Justicia Mundial (WPJ, por su siglas en inglés). El análisis expuso que de los 140 países encuestados, Venezuela se ubicó en el último puesto de la clasificación con el puntaje más bajo en protecciones civiles.
Los datos mostraron que tres de cada cuatro países latinoamericanos se volvieron menos justos. “Todavía estamos muy rezagados con respecto a la protección y al fortalecimiento del Estado de Derecho. Durante la pandemia, esa violación a DDHH se exacerbó. Desafortunadamente hubo un límite y una restricción a las libertades individuales y todavía estamos observando ese rezago”, expuso a la VOA Ana María Montoya, directora de análisis de datos del WPJ.
En Nicaragua, las elecciones municipales calificadas como “no libres, justas ni transparentes y sin legitimidad democrática” por la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas (OACNUDH), demostraron que los comicios se usaron para “reforzar la élite presidencial”, según la presidenta de WOLA. Los problemas persistentes en este país incluyen severas restricciones a la libertad de expresión, discriminación política y estrictas restricciones al aborto.
“Nos preocupa mucho México y cómo el presidente López Obrador, realmente justo en este 2022 profundizó la militarización del país y se encuentra con una campaña de reforma al Instituto Nacional Electoral que podría este poner en entredicho la autonomía que todo organismo electoral necesita”, agregó Jiménez.
La crisis migratoria y las políticas adoptadas por EEUU también tuvieron un impacto en los derechos de millones de ciudadanos latinoamericanos. “Hoy tenemos una crisis abismal en temas migratorios en la región, obviamente más de 7 millones de venezolanos, pero han aumentado la cantidad de cubanos que están saliendo de la isla desde la represión del año pasado. Hay una alta cantidad de haitianos que están cruzando el continente y vemos como hace muchos años miles de centroamericanos se continúan moviendo”, agregó Taraciuk de HRW.
Datos de Amnistía Internacional revelan que autoridades mexicanas detuvieron en 2021 a 252.526 personas en centros de detención de inmigrantes sobrepoblados “que no cumplían con las medidas sanitarias básicas” y deportaron al menos a 101.571 personas, en su mayoría de Centroamérica.
Abuso policial, cárceles precarias y violencia contra las mujeres en Argentina, Bolivia, Chile y Cuba
El reporte anual de HRW expone datos de 2021 que revelan situaciones reginonales como precarias condiciones en las cárceles, violencia contra las mujeres y abuso policial en países como Argentina, Bolivia, Chile y Cuba y en otros países de la región.
En Colombia continúa el conflicto armado y los asesinatos de líderes sociales. En 2022 se ha privado de la vida a 169 defensores de DDHH, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Por otro lado, la ONG Prisioners Defenders, con sede en Madrid, señala que a fecha de 30 de noviembre de 2022 había 1.034 prisioneros políticos en Cuba. Se trata de una cifra mayor que en 2021, cuando la ONG reportó que el mes de diciembre se inició con 805 prisioneros políticos. La cifra no pudo ser confirmada de forma independiente. El gobierno cubano dice que no tiene presos políticos, a los que cataloga de “mercenarios” al servicio de un gobierno extranjero.
La institución basada en Madrid señala que hay en total 34 menores entre los prisioneros políticos de Cuba, 29 niños y 5 niñas. De ellos 27 estarían cumpliendo condena y 7 de ellos estarían siendo procesados penalmente.
“Buena parte de los menores se encuentran en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, señala el informe de Priosiners Defenders.
El más reciente reporte sobre DDHH del Departamento de Estado, señala que en Venezuela se reportan diversos “informes creíbles” de acciones que atentan contra los derechos humanos, como “ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del régimen; desapariciones forzadas por el régimen; tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad y condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales”, entre otros.
En el mismo informe Estados Unidos denuncia que en Nicaragua, fuerzas de seguridad y personas vinculadas al gobierno del presidente Daniel Ortega “llevaron a cabo una campaña de hostigamiento, intimidación y violencia contra supuestos enemigos del régimen, como ex prisioneros políticos y sus familias, campesinos activistas, grupos de la oposición pro democracia, defensores de DDHH, y el clero católico”.
Fuente VOA.-
