La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido a la comunidad internacional que no existen las condiciones para celebrar elecciones municipales “libres y justas” este domingo 06 de noviembre en Nicaragua, por lo que ha instado al Estado a gestionar los mecanismos necesarios para restablecer las garantías y libertades democráticas propias de un Estado democrático.
En este contexto un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años (de una población de 6,6 millones) están convocados a votar este domingo en estos comicios municipales para elegir a los alcaldes, vice-alcaldes y concejales en los 153 municipios del país. Los comicios están marcados por la sombra de la represión que ha llevado a la prohibición de competir a tres partidos políticos opositores y al encarcelamiento de los principales disidentes políticos al régimen de Daniel Ortega. Esta instancia ha sido constatada en terreno por la Comisión, asegurando, que en semanas recientes, se ha notado un recrudecimiento de la persecución contra la oposición lo que se generado a que sean unas votaciones con escasa competencia política.
“El próximo 6 de noviembre, se celebrarán elecciones municipales en un contexto de represión contra la oposición política, mediante la implementación de medidas tendientes a impedir su participación y la ausencia de reformas para la reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley Electoral de conformidad con las recomendaciones por organismos nacionales e internacionales”, ha dicho la CIDH.
De la misma forma la CIDH lamenta la reforma a la Ley Electoral, nro. 331 que fue aprobada en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional, instancia que limitaría la fiscalización por parte de la sociedad civil al proceso electoral, al establecer un proceso electoral exprés -con menos juntas receptoras de votos, la realización de la campaña electoral en 20 días y la integración de los Consejos Electorales en 5 días, todas acciones, contrarias a los estándares internacionales.
“La prolongada detención arbitraria de más de 200 personas, entre ellas, opositoras políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos, así como las graves condiciones en las que permanecen privadas de libertad y las condenas desproporcionadas en su contra, tiene un efecto amedrentador en la población de cara a las elecciones locales, el cual resulta propicio para la perpetuación del poder y la cooptación de los últimos espacios disponibles para la participación política”, ha detallado.
