El grupo de “especialistas de la ONU” en desapariciones forzadas, destaca que las víctimas y los familiares de los desaparecidos en Uruguay desean la verdad y la preservación de la memoria histórica, y exigen garantías de no repetición. “Es urgente una política de Estado que rompa el silencio”, subraya el portal de noticias de la ONU, pero oculta otra realidad sobre las víctimas que dejaron las acciones terroristas de los guerrilleros Tupamaros y del OPR-33, cuyos familiares de las víctimas, aún reclaman por el reconocimiento que los gobiernos del izquierdista Frente Amplio, les han negado, cuando pudieron hacerlo durante sus 15 años en el poder.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló este viernes que Uruguay debe poner fin a décadas de impunidad frente a violaciones de derechos humanos, redoblando los esfuerzos de búsqueda de las personas desaparecidas y tomando las medidas necesarias para llevar a los responsables ante la justicia. Pero nada dice de las violaciones de derechos humanos por parte de la guerrilla armada que secuestró y mató a inocentes en la década de los ’60 cuando el país vivía en democracia.
Al terminar una visita oficial a la nación sudamericana, los expertos destacaron que, hasta la fecha, no se ha realizado un ejercicio exhaustivo de esclarecimiento y reconstrucción de la verdad con respecto a las violaciones cometidas contra las garantías fundamentales. Para los “expertos de la ONU”, las garantías fundamentales parecen ser para un solo lado.
El Grupo indicó que Uruguay debe tomar medidas eficaces para enjuiciar a los responsables de los crímenes perpetrados en el pasado, pero solo para la de los “presos políticos”, no pide resarcimiento a las víctimas de algunos de esos “presos políticos”, que son muchas.
“Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente la escasez de avances en materia de búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo de más de cinco décadas”, puntualizaron los expertos en un comunicado.
En sus observaciones preliminares, consideraron urgente una política de Estado integral, coherente y participativa, que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información “tanto de fuentes humanas como documentales”.
La reparación no es para todas las víctimas
Con respecto a las medidas de reparación para víctimas y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, el Grupo expresó preocupación frente a los criterios establecidos, que no se ajustan a las normas internacionales.
Los expertos explicaron que muchas víctimas que fueron desaparecidas y sometidas a actos de tortura y violencia sexual durante su detención no han sido reconocidas oficialmente hasta la fecha, por lo que no se beneficiarán con las medidas de reparación.
También manifestaron alarma por las leyes de reparación, que no incluyen a niñas, niños y adolescentes como víctimas directas de violaciones a derechos humanos durante el periodo 1968-1985. Los “expertos de la ONU” no hablan en ningún momento de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos por parte de la guerrilla armada (1962-1972), años en que Uruguay vivía en democracia y los subversivos atacaban a gobiernos elegidos en elecciones libres.
Los “expertos independientes de la ONU” que llegaron a Uruguay para realizar su informe son; el Presidente-relator Luciano Hazan (Argentina); la Vice-Presidenta, Aua Baldé (Guinea-Bissau) y Gabriella Citroni (Italia).
Luciano Hazan (Argentina), fungió como abogado en la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo, presidida por la ultrakirchnerista Hebe de Bonafini, donde coordinó al equipo legal y litigó varios casos penales. También coordinó el Programa de Verdad y Justicia y fue Subsecretario de Políticas contra la Criminalidad, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Argentina; y actuó como asesor legal de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de su país.
Estos expertos, con visión sesgada, deberían investigar con mayor severidad y exigir las mismas retribuciones que a través de pensiones remunerativas, perciben los llamados “presos políticos”, incluso algunos con delitos de sangre, mientras que las víctimas de acciones subversivas, esperan desde siempre que se les reconozcan sus reclamos.
En 2006, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se otorgaron pensiones o jubilaciones a las víctimas del terrorismo de Estado. En 2020, pocos días antes de dejar su último mandato, Vázquez hizo que estas pensiones se trasladaran en un 100% a cónyuges o concubinos, e hijos menores o discapacitados, según explica un artículo del diario El País.
Pero lamentablemente, el expresidente Vázquez, no miró hacía el otro lado, ni él ni los legisladores del Frente Amplio tuvieron en cuenta a las víctimas de la guerrilla tupamara, que asesinó a personas inocentes durante su accionar criminal durante años de gobiernos democráticos, previos a la dictadura militar (27 de junio de 1973 – 1 de marzo de 1985).
Solo para recordar: parte de la larga lista de víctimas de la guerrilla en Uruguay y que la ONU no pide resarcimiento
¿Es lógico que quienes asesinaron a inocentes hoy reciban una pensión de reparación y las víctimas nada?. Como ejemplo vale citar tan sólo unos pocos casos – entre una lista extensa – Hilaria Quirino, una madre que se desempeñaba como cuidadora del Club de Bowling de Carrasco, que en el atentado terrorista de los tupamaros fue herida de gravedad y nunca logró recuperarse de aquel trágico e injusto episodio que la marcó a fuego hasta el final de sus días. Ni ella ni sus cuatro hijos, recibieron justicia desde el atentado en 1970, en democracia.
La ejecución por parte de los tupamaros de Juan Andrés Bentancur, sereno de la fábrica Niboplast, asesinado al dar aviso a la policía de que los tupamaros estaban robando en dicha empresa. – 22/06/71.
El homicidio premeditado en plena democracia del peón rural Pascasio Báez ( 21 de diciembre de 1971), quien buscando en un campo un caballo perdido se encontró de casualidad con un escondite de los tupamaros que lo detuvieron durante dos meses para luego ejecutarlo con una inyección de pentotal. El ex guerrillero tupamaro Jorge Zabalza, consideró este crimen, “un delito de guerra contra un ciudadano totalmente ajeno a la confrontación que se desarrollaba en el Uruguay”.
Dr. Julio Federico Morato Manara, asesinado por los tupamaros en su domicilio cuando intentaron robarle material quirúrgico. El eminente y reconocido científico se resistió al ataque de los tupamaros y se trabó en lucha con los terroristas quienes le dispararon a quemarropa sin ningún reparo. Murió en el lugar ante su esposa mientras los asesinos se dieron a la fuga – 04/05/72
Vicente Oroza, chofer de la empresa de transporte público Cutcsa, asesinado por un tupamaro – plenamente identificado – en el Cerro de Montevideo, por negarse a atropellar con el ómnibus a un grupo de las fuerzas conjuntas que realizaba un control callejero, también en años de democracia. En el hecho los tupamaros hirieron a un soldado que subió al vehículo y Oroza intentó protegerlo y para ello les abrió la puerta trasera del autobus a los terroristas para que pudieran escapar, pero el tupamaro, que además era su vecino del barrio, asesinó a Oroza con varios balazos. (28 de junio de 1972).
Sobre este caso, el hijo del asesinado chofer de Cutcsa, escribió en Twitter:
¡Qué raro que los “expertos de la ONU”, no hablen de esto!. Fiabilidad cero.
La ONU tiene la palabra para no seguir haciendo el ridículo con verdades a medias.
La ONU y sus relatores o expertos independientes tienen una visión hemiplegica de los hechos y solo defienden a las víctimas que son de izquierda. No van a reclamar a Cuba, Nicaragua o Venezuela.
Dan vergüenza.
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