La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha culpado por crímenes de guerra a 10 altos mandos del Ejército de la nación cafetera, entre los que se encuentran un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos y un cabo, además de un civil. Las autoridades judiciales para la paz les han imputado el asesinato sistémico de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo (Norte de Santander).
Ante esto ha explicado que los militares han incurrido en graves violaciones a los Derechos Humanos entre enero de 2007 y agosto de 2008, cuando los miembros de las FF.AA han presentado a los asesinados como bajas en combate por agentes del Estado. La trama impulsada por las autoridades castrenses ha tenido como principal objetivo aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar en el marco de la política del conteo de cuerpos puesta en marcha por la institución.
La Sala de Reconocimiento les ha imputado “el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, detalla un comunicado de prensa de la JEP.
Entre los imputados se encuentran los líderes de estos brutales crímenes, quienes en su calidad de altos mandos, han dado las órdenes para que se produzcan los asesinatos de forma sistemática y generalizada. Los señalados por la justicia son el brigadier general Paulino Coronado Gámez quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN, entre otros.
Ante esto ha trascendido que las victimas han sido seleccionadas por los militares debido a su condición de vulnerabilidad pues eran trabajadores informales o desempleados, tenían alguna discapacidad o porque eran desempleados o habitantes de calle; características que las hacía atractivas para sumar criminalmente sus cuerpos a las estadísticas militares de “bajas en combate”.
A su vez para asegurar el éxito del montaje operacional, los familiares no podían tener conocimiento del paradero de las víctimas, ni siquiera después de ser asesinadas, es decir, había que desaparecer el cuerpo.
“Estos graves crímenes fueron cometidos por miembros de la BRIM15 y el BISAN en el marco de un mismo plan criminal y con división del trabajo, en un territorio determinado y en un mismo período de tiempo. Las 120 víctimas asesinadas tienen un perfil semejante y se repite un mismo modus operandi”, ha especificado la JEP.
