Inspectores municipales del área de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado y efectivos de la Policía Nacional de Uruguay, intervinieron para disolver una mega fiesta no autorizada en la que participaban más de 500 personas, contraviniendo todas las medidas sanitarias de combate al Covid-19.
El responsable de la fiesta clandestina resultó ser un ciudadano argentino, Adriano Sessa, hijo de la actriz y exvedette Mónica Gonzaga, propietaria del lugar.
Al ser alertados los inspectores municipales solicitaron apoyo a la policía y se concurrió a la propiedad, ubicada en Bahía del Pinar, muy cerca de Sauce de Portezuelo. Al lugar se accede por una única calle de entrada y salida por lo que resulta bastante privado, según informó FM GENTE.
La fiscalía de 1º turno de Maldonado ordenó incautar los equipos.
De acuerdo a la notificación de la IDM, se retuvieron los artículos utilizados en el evento: computadora HP, proyector, mezcladora ProFX12, bandeja Pionner DJ, luces control panel, 2 luces, cable cargador de celular, cargador celular, mesa de madera con dos caballetes, 2 parlantes con trípode, una caja amplificadora, cable de conexión de parlantes y 5 alargues.
El argentino Adriano Sessa fue signado como responsable y su DNI y firma lucen al pie de la notificación. El joven es hijo de la actriz y vedette Mónica Gonzaga, propietaria de la casa.
Además de los efectos incautados, cuando las autoridades llegaron al lugar encontraron una importante cantidad de botellas en el piso y en mesas y se constató la “absoluta falta de protección sanitaria”, de acuerdo a lo informado por la IDM.
El argentino infractor podría ser expulsado por transgredir normas sanitarias
Según informa el diario El País este domingo; el Ministerio del Interior analiza revocar la residencia y expulsar al ciudadano argentino que organizó una fiesta clandestina en Sauce de Portezuelo a la que concurrieron unas 560 personas.
Según las fuentes, el comportamiento del organizador de la fiesta clandestina “desnaturaliza el beneficio de residencia otorgado por las autoridades nacionales y lo haría pasible de expulsión” por incumplir la ley 19.932, que reglamentó el artículo 38 de la Constitución para prohibir “las aglomeraciones de personas” que generen un “notorio riesgo sanitario”.
También incumplió el decreto que establece la emergencia sanitaria y las disposiciones departamentales.
