El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García Castellón, ha acordado la libertad con medidas cautelares del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la causa por la denominada Operación Tándem, por la que se encuentra en prisión desde el 5 de noviembre de 2017. El magistrado adopta esta decisión a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado hoy su excarcelación. El ex policía es investigado por la Fiscalía de su país por asociación para delinquir, coimas, lavado de activos, espionajes a industriales y a abogados, en una de las mayores tramas de corrupción en España.
Según informa el diario El País de Uruguay, el Castillo Idiarte Borda, un hotel en Punta del Este y una casona de Punta Carretas integran una lista de bienes del excomisario José Manuel Villarejo, acusado de haber lavado en Uruguay y en otros países de América Latina US$ 16,5 millones de procedencia ilícita en 2007, en una trama de escándalos que involucra a importantes dirigentes políticos y empresarios de España.
En la resolución, el instructor impone a Villarejo unas medidas cautelares que consisten en comparecencias diarias ante el juzgado correspondiente a su domicilio, la retirada del pasaporte con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo, la prohibición de salida del territorio y la obligación de comunicar al juzgado de instrucción 6 cualquier cambio de domicilio o residencia.
El escrito del juez recoge las últimas resoluciones de la Sección Cuarta de la Sala Penal que acordó la libertad del excomisario en las piezas 2, 3 y 6, así como la acumulación de las mismas y en las que la Sala manifiesta la imposibilidad de señalar el juicio con anterioridad al 3 de noviembre de 2021, fecha en la que se cumpliría el máximo legal de prisión preventiva de cuatro años.
Además, el magistrado explica que el estado de tramitación de la pieza principal y de las restantes piezas separadas están en fase de instrucción y no permite su inmediata conclusión y, por tanto, tampoco su enjuiciamiento antes de la fecha de expiración del plazo máximo de prisión provisional.
El auto señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y muy especialmente, la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo que señala el fiscal en su informe.
El titular del Juzgado central de Instrucción 5 advierte de que si se incumpliera cualquiera de estas medidas podrá valorarse la modificación de su situación personal.
