Por Jorge Basur.-
El conocido empresario de medios periodísticos Miguel Sofía, que se encontraba cumpliendo prisión preventiva desde el año pasado, fue procesado recientemente por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castagnetto y por su participación en los escuadrones de la muerte entre los años 1960 y 1970.
El fiscal de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, había pedido el procesamiento con prisión de Miguel Sofía por tres crímenes atribuidos a los escuadrones de la muerte entre 1960 y 1970.
Sofía que se encontraba prófugo de la justicia uruguaya, vivió varios años en Estados Unidos, pero en el 2019 fue detenido cuando vino al país a pasar las fiestas con su familia. El día de su detención caminaba por la calle con un documento de identidad falso. Desde ese entonces el empresario permaneció en prisión preventiva ya que su defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad basado en la prescripción de los delitos.
Ahora la jueza Ana Claudia Ruibal hizo lugar al pedido del fiscal Perciballe y procesó a Sofía por el homicidio del militante tupamaro Héctor Castagnetto y por integrar los comandos parapoliciales en la pasada dictadura, por lo cual le tipificó el delito de asociación para delinquir.
Héctor Castagnetto había sido secuestrado, torturado y asesinado por miembros de los escuadrones de la muerte y su cuerpo fue arrojado a las aguas del Río de la Plata.
A Sofía se lo conocía como un joven de confianza del subsecretario del Interior de la época, Armando Acosta y Lara, que tenía acceso directo a las dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo y a las oficinas del personal estadounidense que colaboraba con ésta en Uruguay en esa época según consigna el semanario Brecha en agosto de 2008.
Según testimonio aportado a la justicia, en 1971 Miguel Sofía alias “José” participó, junto al médico paraguayo Ángel Pedro Crosas Cuevas quien era un hombre de confianza de Acosta y Lara e impulsor de la JUP (Juventud Uruguaya de Pie) Movimiento juvenil de extrema derecha de la época y funcionarios de los servicios de inteligencia, en la muerte del joven Héctor Castagnetto.
QUIEN ES MIGUEL SOFIA Alias JOSE
Tras el golpe de Estado de 1973, Miguel Sofía cumplió funciones como diplomático. Fue jefe de la sección de pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, y más tarde fue funcionario de confianza en la embajada de Uruguay en los Estados Unidos –cuando el embajador era el ex Presidente Jorge Pacheco Areco– y en la embajada en Taiwán.
Sobre el final de la dictadura Sofía inició su carrera como empresario: recibió la concesión de la radio Emisora del Plata. Con los años, el ex integrante de la JUP adquirió otras radios, creo el sistema BIP BIP Radio mensaje y formó el Grupo del Plata, que posteriormente vendió al magnate mexicano Ángel González en varios millones de dólares. También obtuvo la concesión para explotar el servicio de tevé cable en Ciudad de la Costa; la adjudicación fue firmada por el abogado Hugo Permuy Brito siendo subdirector de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, quien tenía una relación comercial con Sofía y terminó procesado por este hecho. La adjudicación fue revocada en 1998, por lo que Sofía y su esposa presentaron una millonaria demanda civil contra el Estado, que superaba los 200 millones de dólares, la cual fue rechazada. Posteriormente iniciado el proceso contra Sofía se dio a la fuga y se mantuvo prófugo hasta finales del año pasado cuando retorna al país y es detenido.
Los otros procesados con prisión fueron a Jorge “Charleta” Guldenzoph y José Lemos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Jorge “Charleta” Guldenzoph fue procesado por “la comisión de un delito continuado de ‘Abuso de autoridad contra los detenidos’ en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de ‘Privación de libertad’”, de acuerdo a la sentencia del magistrado del martes 15 de julio. José Lemos, por su parte, fue enviado a prisión por “la comisión de tres delitos de ‘Abuso de autoridad contra los detenidos’ en concurrencia fuera de la reiteración con tres delitos de “Privación de libertad”.
En este caso fueron múltiples personas las que declararon en esta causa e identificaron a Guldenzoph y Lemos como quienes los torturaron en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior que en esa época estaba a cargo del Inspector Víctor Castiglioni. “Concretamente respecto de las dos personas que el Ministerio Público solicita su enjuiciamiento se ha confirmado su vinculación funcional con la DNII en período compatible con el objeto de esta investigación”, indica la sentencia.
También la sentencia afirma: “De la probanza testimonial colectada, informes médicos, diligencia de inspección ocular y reconocimiento de instalaciones en la DNII, información de funcionarios afectados a dicha Institución en período compatible con la ocurrencia de las conductas denunciadas, declaraciones de indagados en la causa, declaraciones de los denunciantes y personas objeto de las referidas conductas y el cúmulo de indicios recogidos a lo largo de estos ocho años de instrucción, fluye que los indagados José Felisberto Lemos Pintos y Jorge Carlos Gundelzoph Núñez, en tanto funcionarios afectados a la DNII en el período de ocurrencia de las conductas denunciadas, tomaron activa participación en la privación de libertad y malos tratos (torturas) inferidas a algunos de los detenidos-denunciantes, conductas que se llevaron a cabo en la referida Unidad policial (Dirección Nacional de Información e Inteligencia) en el marco de un procedimiento organizado y sistematizado de represión a organizaciones políticas (Partido Comunista y otras entidades relacionadas) contrarias al Gobierno de la época”.
El juez “entiende que no corresponde amparar la excepción de prescripción opuesta por las Defensas de los indagados de autos y consiguientemente corresponde desestimar las mismas y proseguir la investigación hasta el total esclarecimiento de los hechos y la correspondiente asignación de responsabilidades penales si las hubiere” dado que “las conductas denunciadas se ajustan, prima facie, al concepto de delitos de ‘lesa humanidad’ y por lo tanto las mismas devienen imprescriptibles”.
QUIEN ES JORGE “CHARLETA” GUNDELZOPH
Guldenzoph perteneció al Partido Comunista, milito en la Unión de Juventudes Comunistas UJC y terminó colaborando con la Fuerzas Armadas durante la dictadura, delatando, señalando, deteniendo y participando de interrogatorios bajo tortura a sus propios ex compañeros. Más adelante, recuperada ya la democracia, se desempeñó como representante y vocero de la derechista Secta Moon en Uruguay. Mantuvo estrechos vínculos con los gobiernos post dictadura. Cuando recuperamos la democracia, Guldenzoph pasó a trabajar activamente para la secta Moon. Fue secretario general de la Federación para Salvar la Nueva Nación y del Movimiento Pro Verdaderas Familias, dos organismos de corte religioso dentro de la secta. También presidió CAUSA, un movimiento político de corte antimarxista, considerado el ala política de la organización del reverendo Moon.
También se desempeñó como Síndico del Banco de Crédito, propiedad de la secta.
Luego fue editorialista, columnista y vicepresidente del directorio del diario ULTIMAS NOTICIAS, propiedad de Moon. Oficialmente fue un colaborador activo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia hasta 1982, aunque años más tarde el gobierno de Julio María Sanguinetti reconoció que estuvo activo hasta fines de 1996 según manifestaciones del abogado denunciante pablo Chargoñia. No obstante, fuentes policiales consultadas por el semanario BRECHA indicaron que es probable que permaneciera vinculado a la “comunidad de inteligencia”, aún hasta hoy.
En los últimos años, es acusado de una estafa gigantesca contra la secta Moon, tenía una oficina en el WTC del Buceo donde prestaba dinero.
Mantenía excelentes relaciones con líderes de todos los partidos políticos y junto a su actual esposa había creado un movimiento, presuntamente, social con el que pretendía sostener sus influencias, aunque fracasó.
En los últimos dos años había sido visto veraneando sólo en Punta del Este, asiduo concurrente a la playa Mansa en la parada 8.
Había sido denunciado ante la justicia a mediados de los años 80 por unos 40 militantes comunistas que fueron sus víctimas. La causa estuvo detenida hasta el 2011 cuando la Suprema Corte Justicia se expidió sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
En el 2015 la entonces fiscal Ana María Telechea había solicitado su procesamiento. Pero su defensa aplicó varias chicanas jurídicas que fueron evitando su prisión.
Según consigna en una nota el periodista Carlos Peláez “El Charleta” fue miembro del Partido Socialista hasta principios de 1973. Ninguno de sus ex compañeros lo recuerda con aprecio. “Era un loco muy soberbio, que posaba de intelectual y recitaba de memoria a Jorge Dimitrov un dirigente del Partido Comunista de Bulgaria, luchador anti nazi e ideólogo de los frentes populares”, recordó un ex dirigente de la Seccional 1 del Partido Socialista, dónde militaba Guldenzoph.
La crisis de setiembre del 72 en el Partido Socialista uruguayo llevó a que a principios del 73 más de 600 militantes y varios dirigentes pasaran al PCU. Entre ellos “el Charleta”. Pero a las pocas semanas fue detenido por efectivos del departamento 5 de Inteligencia del Ministerio del Interior.
Allí comenzó su otra historia. La versión de que había entregado a otros militantes corrió como reguero de pólvora. Primero intentó desmentirla y luego se construyó la historia del infiltrado.
Como fuera, su figura siniestra comenzó a ser el brazo ejecutor de los dirigidos por el Inspector Víctor Castiglioni. Entonces y por muchos veces caminaba por la avenida 18 de julio señalando a sus ex compañeros con los que se cruzaba.
Se debe recordar que todavía ambas organizaciones eran legales – PS y PCU fueron ilegalizadas a fines del 73 – y venían de una militancia conjunta en el Frente Amplio.
De colaborador pasó a ser torturador y violador. Es muy conocida la historia de una militante socialista, estudiante de medicina, que había rechazado sus galanteos. Guldenzoph ordenó su detención y en dependencias de Inteligencia, la violó.
A pedido de Castiglioni, escribió un manual sobre la UJC. Luego torturó en persona a decenas de sus ex –compañeros. Entre ellos a un ex compañero Gonzalo Carámbula.
En 1985 el entonces senador frenteamplista José Germán Araujo, denunció las torturas a las que fueron sometidos muchos militantes del FA durante la dictadura, entre ellos Carambola, Ofelia Fernández, Alberto Grille y la militante socialista violada.
“Me señaló el Charleta y luego me torturó”, así relato toda su peripecia y sufrimiento en la tortura Gonzalo Carámbula.
Hoy a 45 años de esas atrocidades la justicia se expidió y cierra una parte de las violaciones a los DD. HH cometidos en la dictadura.
