Asumiendo una altanera postura imperial de gran árbitro de la política regional, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, sostuvo esta semana en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que para su país “la democracia no es un patrimonio inmune a asaltos, hemos sido firmes, en la Unasur y en el Mercosur, para evitar retrocesos porque consideramos integración y democracia principios inseparables”.
Con todo descaro, la Mandataria agregó que “Brasil se empeña en trabajar con sus vecinos en el respeto a la democracia, por la paz y la prosperidad. Nuestra región es un buen ejemplo para el mundo por la superación de regímenes autoritarios”. A la luz de estas expresiones, es verdaderamente una tarea harto complicada descifrar qué significa el concepto de democracia para la señora presidenta del país vecino.
Por ejemplo, cuando un país como Paraguay somete a su presidente al proceso de juicio político por “mal desempeño de sus funciones”, tal como lo prescribe el artículo 225 de la Constitución Nacional, ese Estado merece todo tipo de arbitrarias condenas y sanciones.
En este punto, cabe recordarle a la Mandataria que también su país, en 1992, sometió a un proceso similar por mal desempeño de funciones al entonces presidente, Fernando Collor de Mello, siendo justamente el partido que apoya hoy a Rousseff –el de los Trabajadores (PT)– el principal propiciador de ese proceso de enjuiciamiento político en el Congreso. Y aunque el afectado se apartó voluntariamente del cargo antes de conocerse el resultado, nadie sostuvo nunca que el caso constituía un “golpe de Estado” o una “ruptura del orden democrático”, como ahora pretenden nuestros “socios” del Mercosur en relación con el caso de Fernando Lugo, quien aceptó el juicio político, así como también su resultado: salió por la puerta principal del Palacio de Gobierno con todas las garantías constitucionales que le protegían y le siguen protegiendo.
Para evitar “retrocesos” democráticos, dice Rousseff, está la “firmeza” de instituciones tales como la Unasur y el Mercosur. Ahora bien, ¿dónde están su gobierno y los de esos dos organismos por ella citados cuando la democracia es atropellada alevemente, sistemáticamente vulnerada, la institucionalidad avasallada y los derechos humanos de los pueblos agredidos en países tales como Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia o Argentina? Sencillamente, se hacen los burros y miran para otro lado.
Dice la señora Rousseff que su país “se empeña en trabajar con sus vecinos en el respeto a la democracia”. ¡Qué descaro! Como si la prensa del mundo entero no publicara que el gorila bolivariano Hugo Chávez pisotea cada día la libertad de expresión de los venezolanos, que cerró canales de televisión, clausuró al menos 34 radioemisoras, mandó al exilio a docenas de políticos –incluido un excandidato presidencial–, maneja a su absoluto arbitrio los Poderes del Estado y ahora, para desgracia de su pueblo, hasta ordenó el retiro de su país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Claro, a él Dilma le puede “disculpar” esos desmanes y hasta meterlo de contrabando en el Mercosur, violando toda la normativa del derecho internacional, porque tiene una generosa petrochequera con la que hace negocios y compra gobiernos de todo tipo. Además, tiene petróleo en abundancia y le abre las puertas de su mercado a lo “made in Brazil”.
Para más señas, en Venezuela no existe una economía libre, y su despótico presidente ha ordenado miles de expropiaciones y confiscaciones de empresas privadas, venezolanas y extranjeras, desde que asumió el poder. Petroleras, bancos, empresas procesadoras de alimentos, hoteles y ¡hasta simples supermercados!
En Bolivia la situación no es mucho más “alentadora” que en la Venezuela chavista. Desde que el presidente Evo Morales asumió el poder, en enero de 2006, “más de un centenar de representantes de la oposición, dirigentes empresariales, cívicos y activistas han solicitado asilo y refugio en Brasil, Estados Unidos, España, Paraguay, Perú y Uruguay”, resaltó en una reciente publicación el diario boliviano Los Tiempos. Es cierto, dirá Dilma, pero también es cierto que tiene gas barato.
El autoritarismo rampante arrecia en la vecina Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner afianza día a día los resortes de un poder hegemónico; arrincona, descalifica y persigue a la disidencia política (incluso al interior de su propio partido), y libra una batalla personal contra los medios de comunicación más importantes de su país que le son críticos, despreciando los principios más elementales del respeto a la libertad de expresión y de prensa.
¿Esto es democracia para la Presidenta de la República Federativa del Brasil? Si así fuere, que se preparen los ciudadanos brasileños, porque seguramente estas son las prácticas que en el futuro ella aplicará dentro de su propio país.
Han de estar debidamente alertados los integrantes de las universidades, de las iglesias, de los gremios, las fuerzas vivas de la sociedad brasileña, tales como la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), la Sociedad Rural Brasileña y otras cámaras y organizaciones empresariales, que este es el tipo de “democracia” que la presidenta Rousseff se propone instaurar en su país. Una democracia “bolivariana”.
Es lamentable que una nación influyente en el mundo de hoy como el Brasil tenga gobernantes con unos conceptos tan elásticos y contradictorios sobre lo que debe constituir un estilo de vida libre en una sociedad abierta y plural. Los tiranos y aprendices de tiranos que aún hoy subsisten a lo largo y ancho del mundo se deben sentir muy alentados por el hipócrita discurso de la presidenta Rousseff ante las Naciones Unidas.
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