El gobierno de Estados Unidos por intermedio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de la nación norteamericana sancionó a la Policía Nacional de Nicaragua (NNP) por las constantes violaciones a los Derechos Humanos en el país, acusándolos de utilizar “munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte”, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales.
“El régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.
En este contexto se sancionó de forma directa a tres altos jefes policiales por verse involucrados en estos hechos siendo culpados el jefe policial de Vigilancia y Patrulla; Juan Antonio Valle, el comisionado de Operaciones Especiales, Justo Pastor Urbina, y Luís Alberto Pérez Oliva, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía y director de la prisión de El Chipote, donde existen denuncias de tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero.
Ante esto el cuerpo policial fue incluido en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por lo que todos los bienes e intereses propiedad de la entidad policial y los tres altos mandos, que se encuentran en los EE.UU., fueron bloqueados.
En esta línea especificó que desde el comienzo de los disturbios políticos en 2018, la Policía Nacional de Nicaragua y la parapolicía, compuesta por un grupo paramilitar voluntario y oficiales de la policía vestidos de civil, además han incurrido en secuestros y ejecuciones selectivas de líderes políticos de la oposición, al tiempo de operar de forma impune bajo al tutela de la Policía Nacional.
“En julio de 2018, la Policía Nacional y la parapolicía llevaron a cabo la “Operación Limpieza” para tomar medidas enérgicas contra los manifestantes y desmantelar las barricadas de las carreteras, lo que resultó en aproximadamente 100 muertes”, agregó.
