La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó al presidente Nayib Bukele a abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines que no son los establecidos en la Constitución. Las declaraciones las realizó el órgano judicial tras la decisión del Mandatario de hacer ingresar a miembros de la policía y del ejército a la Asamblea Legislativa este domingo para aprobar un préstamo destinado a labores de seguridad ciudadana y en contra de las pandillas que operan en el país, lo que significó instalar una nueva bomba de relojería entre el poder Ejecutivo y el Legislativo luego de los enfrentamientos que tuvieron la semana pasada.
En este sentido la entidad judicial manifestó que con este tipo de actitudes se pone en riesgo la democracia e institucionalidad del país, al tiempo de entorpecer la independencia de los poderes del Estado. A su vez ordenó al ministro de Defensa, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, que evitaran ejercer “funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.
Se ordena a al presidente Nayib Bukele a“ que se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y ponga en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”, señala un comunicado de la Corte Suprema.
Ante esto el Jefe de Estado salvadoreño respondió a las medidas cautelares decretadas por la Corte Suprema de Justicia taladrando en lo más profundo, asegurando que “el sistema se auto protege. Y así, es como las cosas siguieron igual”.
“Vamos a luchar contra eso. Con la ayuda de Dios, del pueblo, de nuestra Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional. Por más resoluciones que emitan. Sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, que como la misma vida, es prestado”, dijo.
El Mandatario busca aprobar un préstamo por 109 millones de dólares, otorgados por el Banco Centroamericano de la Integración Económica (BCIE), para financiar la tercera parte del Plan Control Territorial.
