Agentes de la Policía Nacional de España desplegaron un operativo para extraditar desde la ciudad de Sao Paulo, Brasil a Carlos García Juliá, uno de los autores materiales de la “matanza de Atocha de 1977”, macabro atentado terrorista cometido por pistoleros de extrema derecha en el centro de la ciudad de Madrid hace más de 40 años.
El acusado y reclamado por la Audiencia Nacional española arribó la mañana del viernes al aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, para posteriormente ser trasladado a la cárcel madrileña de Soto del Real.
García Juliá fue condenado el día 29 de febrero de 1980 por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a 193 años de prisión tras haber irrumpido la noche del 24 de enero de 1977 a punta de pistola y junto a otras dos personas, a un despacho de abogados laboralistas vinculado a Comisiones Obreras- CCOO, provocando la muerte de cinco personas y dejando otras cuatro heridas.
Según informó la Policía Nacional García Juliá se le concedió la libertad condicional el 23 de octubre de 1991. Después, el Tribunal accedió a otorgarle la autorización de salida de España para aceptar una oferta de trabajo en Paraguay, debiéndose presentar mensualmente en la Embajada española en aquel país. Una vez allí, rompió las obligaciones de su libertad condicional, por lo que se le declaró prófugo el día 14 de agosto de 1996.
Posteriormente, fue detenido en Bolivia el día 17 de junio de 1996, donde se le condenó a una pena de prisión de seis años por un delito de tráfico de estupefacientes, donde se fugó el año 1999. A partir de esa fecha, y durante los siguientes veinte años, se le perdió la pista.
Según trascendió el terrorista habría residido en países como Chile, Argentina, Venezuela y, finalmente, Brasil, donde tras investigaciones conjuntas entre la Policía Federal Brasileña y la Policía Nacional de España se logró dar con su paradero y ser detenido. No obstante el acusado se resistió a la extradición solicitada por España presentando apelaciones y agotando todas las vías legales para evitar la justicia española, lo que conllevó a que el procedimiento se extendiera por trece meses por los sucesivos recursos judiciales que ha ido ejerciendo la defensa ante las autoridades judiciales brasileñas, alegando, entre otras cosas, la prescripción del delito.
García Juliá se enfrenta a cumplir 3.855 días de pena de cárcel pendiente, lo que significa unos 10 años en prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.
