Representantes del Human Rights Watch (HRW) advirtieron que grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y el grupo disidente “Frente Décimo Martín Villa”, que surgió de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP, o FARC) incurren en una serie de violaciones a los Derechos Humanos en la frontera común que une Colombia con Venezuela, específicamente en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure.
Ante esto denunciaron que se reclutan a niños y niñas tanto en Arauca como en Apure. A menudo, los grupos armados convencen a los niños y niñas con dinero, motocicletas y armas. Varias niñas que lograron salirse de los grupos armados denunciaron hechos de violencia sexual cometidos por guerrilleros, incluidas violaciones y abortos forzados.
En este contexto aseguró que los grupos armados controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población, amenazando a civiles en caso de no cumplir con sus reglas, extorsionando prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero, al tiempo de imponer trabajo forzado o incluso la muerte en caso de no obedecer.
“Los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos”, afirma.
Las declaraciones las realizó la organización en base a un informe realizado por un equipo de Human Rights Watch, quien visitó Arauca en agosto de 2019 y documentó numerosos abusos tanto del lado colombiano como del lado venezolano de la frontera, donde se entrevistó a diferentes actores de la vida civil entre los que se cuentan líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, funcionarios de derechos humanos y periodistas, entre otros.
En este sentido trascendió que los terroristas buscan establecer por la fuerza normas de conductas que incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares.
Bajo este contexto se han asesinado a defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En 2019, se hallaron en Arauca al menos 16 cuerpos de civiles junto a notas que daban cuenta de la supuesta “justificación” del asesinato con textos donde se acusaba a las víctimas de ser “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”.
“Los grupos operan con una impunidad casi absoluta a ambos lados de la frontera, y especialmente en Venezuela actúan en ocasiones con la connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades locales”, detalla el informe.
