La sala del Senado chileno rechazó por 24 votos a favor y 12 en contra el proyecto de reforma constitucional que pretende consagrar las aguas del país como un bien de uso público, frenando de esta forma esta iniciativa, al tiempo de retirarla de su tramitación.
Esta discusión tuvo como trasfondo el debate por una nueva constitución, donde se pretende redactar una serie de principios y derechos sobre una hoja en blanco. La instancia tenía como objetivo central consagrar en la Constitución el derecho al agua, como un derecho humano fundamental y que en la actualidad está en manos de privados, muchos de ellos, según los propios parlamentarios, han actuado con fines economicistas y han perjudicado el acceso al agua.
De la misma forma se preveía entregar a la ley la regulación del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán siempre temporales y circunscritas a fines específicos, pudiendo estar sujetas al pago de patentes o tasas.
Así mismo garantizar la priorización de los usos del agua y el resguardo de los usos comunitarios ancestrales y la mantención de un caudal ecológico.
En este contexto y en contraposición, los parlamentarios oficialistas afirmaron que la propiedad y el dominio del recurso siempre han existido. También aseguraron que el consumo humano sí está garantizado pero el Ejecutivo nunca ha hecho uso de su facultad de expropiarla.
