La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aseguró que las recientes manifestaciones ciudadanas realizadas en diferentes ciudades de Ecuador tuvieron un “alto costo humano”, por lo que instó a la sociedad ecuatoriana a dialogar para prevenir nuevos conflictos.
“Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, expresó.
Las declaraciones las realizó la representante del organismo internacional tras darse a conocer el informe que su equipo de trabajo efectuó en el país sudamericano entre el 21 de octubre al 8 de noviembre, en medio de las manifestaciones ciudadanas producidas por el anuncio gubernamental de un paquete de austeridad que incluía la eliminación del subsidio al combustible.
En este contexto se produjeron una serie de protestas que conllevaron a duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, situación que fue recopilada y analizada por los miembros de la ONU.
Según los datos recabados, durante los 11 días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre), al menos nueve personas murieron y 1507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.
Ante esto Bachelet expresó la necesidad de impulsar investigaciones “independientes, imparciales y transparentes” sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, al tiempo de abogar por la identificación de las personas que incurrieron en el saqueo y destrucción de la propiedad pública y privada.
“Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar y ejercer actos violentos. Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento”, detalló Bachelet.
Por último con respecto a las presuntas detenciones arbitrarias, los arrestos masivos y las denuncias de tratos crueles y falta de debido proceso, Bachelet consideró que el Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto.
