La decisión de liberar a Lula, fue dictada por el juez Danilo Pereira Júnior, después de que la defensa de Lula solicitó la libertad del ex presidente con base en el fallo emitido ayer (7) por el Tribunal Supremo (STF), que revocó la validez de la ejecución provisional de condenas penales, conocido como prisión después de la segunda instancia. Lula podrá volver a prisión luego de la tercera etapa del juzgamiento.
En enero del año pasado, la condena de Lula, dictada por el entonces juez Sergio Moro, fue confirmada y el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), segunda instancia del Tribunal Federal, aumentó la condena a 12 años y un mes. en prisión: ocho años y cuatro meses por el delito de corrupción pasiva y tres años y nueve meses por lavado de dinero.
En abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) redujo la pena de corrupción a cinco años y seis meses, mientras que el lavado fue de tres años y cuatro meses, lo que resultó en los últimos ocho años y diez meses.
Además de Lula, la decisión de la Corte Suprema debería beneficiar a otros condenados en Lava Jato, como los ex diputados Eduardo Cunha, José Dirceu, así como los ex ejecutivos de contratistas.
Críticas de los fiscales a la liberación de Lula
El grupo de trabajo responsable de la Operación Lava Jato en el Servicio Federal de Fiscalía (MPF) emitió una declaración que dice que “la decisión de revertir la posibilidad de arresto en segunda instancia está en disonancia con el sentimiento de repudio a la impunidad y lucha contra la corrupción, las prioridades del país “.
“La existencia de cuatro instancias de juicio, propias de Brasil, asociadas con el número excesivo de apelaciones que superan el centenar en algunos casos penales, resulta en demoras y prescripción, lo que lleva a la impunidad”, agregó el grupo de trabajo Lava Jato.
La junta de la Asociación Nacional de Fiscales de la República (ANPR) formó el coro, declarando que “lamenta la decisión de la Corte Suprema (STF)”. En un comunicado, la entidad dijo que el cambio en la comprensión de la Corte es un “revés en la lucha contra el crimen”.
En el texto, el ANPR evalúa que el nuevo entendimiento “será responsable de reforzar la duración de la justicia y alentar la proliferación de recursos demorados como antídoto para evitar la aplicación de las sanciones establecidas por las instancias ordinarias”.
El fiscal Victor Hugo Azevedo, presidente de la Asociación Nacional de Miembros del Servicio de Fiscalía (Conamp), una entidad que reúne a 16,000 miembros de parlamentarios estatales, subrayó la preocupación “por la probable reacción legal, que dificulta la represión de los delitos, favoreciendo la prescripción de delitos graves, generando impunidad e inestabilidad legal ”.
