Una sentencia bajo amenazas a un gobierno soberano por parte de una jueza de Cataluña pudo derivar en un grave conflicto diplomático entre Uruguay y España en el caso de la niña, hija de madre uruguaya, que debía ser entregada a su padre español.
La jueza de Vielha, Cristina Marrero Pérez, ordenó la entrega de la menor a su padre, quien para los expertos de Uruguay habría presuntamente abusado de su hija, pero el desconocimiento de la magistrada en cuanto al Derecho Internacional y lo que significa el territorio inviolable de una representación extranjera al ordenar una serie de acciones fuera de lugar.
El insólito fallo determinaba que el cónsul uruguayo sería el encargado de entregar a la menor al padre. Contra este punto, la Cancillería uruguaya se pronunció e indicó en un comunicado emitido ayer que “en el marco del Derecho Internacional convencional y consuetudinario, el Estado uruguayo, y por ende su Misión Diplomática y Oficinas Consulares, están exentos de la autoridad de la sentenciante”.
Según informó el diario El País, en el quinto numeral de la sentencia, la magistrada establecía que, de no entregarse a la niña, podría haber una “intervención policial”. Las sedes diplomáticas, sin embargo, funcionan como territorio extranjero, lo que invalida el ingreso de los uniformados y ante el agravio judicial, Uruguay se negó a la entrega de la menor.
A consecuencia de una lamentable actuación de los policías catalanes, empeoró la situación ya que cuatro móviles de los Mossos de Esquadra llegaron como si fueran a detener a peligrosos delincuentes en el Consulado de la avenida Diagonal en Barcelona. Algunos de los uniformados subieron al cuarto piso; la puerta de la oficina consular estaba cerrada con llave. Hubo un diálogo entre las autoridades uruguayas y los policías, hasta que se acordó que seis agentes se quedaran de “custodia” del lado de afuera. Fue una acción vergonzosa.
Ahora la jueza Marrero Pérez postergó para el próximo miércoles la fecha de entrega de la niña, en un “punto de encuentro” neutral.
Pero ni la magistrada ni los Mossos piensan en el bienestar de la menor ni el trauma que le obligan a vivir. Ni siquiera piensa en una transición graduada para ir preparándola para el cambio.
Es además una vergüenza que seis agentes de los Mossos sigan apostados en el rellano del consulado para evitar que la mujer se salte la orden de la jueza de Vielha que ha sentenciado que la custodia de la menor debe recaer en el padre.
Según informa El Periódico, la madre sabe sabe que en cuanto salga con su hija a la calle, la policía catalana se llevará a la pequeña.
¿La policía local actúa con la misma diligencia para atrapar a los carteristas que azotan la ciudad de Barcelona?.
Es España la Justicia tarda, pero…¿Llega?
